El ex presidente Hormaechea, condenado a tres años de cárcel por malversación

El ex presidente del Gobierno cántabro Juan Hormaechea (de 63 años) ha sido condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria a una pena de tres años de cárcel por un delito de prevaricación y a 13 de inhabilitación para ocupar de cargos públicos por malversación de fondos. En la sentencia, la Sala Civil y Penal, integrada por el presidente Javier Sánchez Pego y los magistrados José Luis Garayo y Rubén López Tamés, recomienda al Gobierno de la nación que indulte a Hormaechea de la pena de cárcel por el delito de prevaricación -tres años de pérdida de libertad, castigo mínimo establecido para esta clase de delitos por el Código Penal-, pero no así de la de inhabilitación. El Gobierno presidido por Felipe González ya le aplicó en su día una medida de gracia similar, tras haber sido condenado a seis años de prisión.

El ex presidente cántabro fue juzgado por esos mismos delitos en 1994 y fue condenado a seis años de cárcel y a 14 de inhabilitación. Hormaechea recurrió ante el Tribunal Supremo, y éste confirmó la sentencia. Posteriormente, presentó recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que ordenó la repetición del juicio al considerar que el presidente de la Sala que le juzgó, Claudio Movilla, ya fallecido, había comprometido su imparcialidad con unas declaraciones en las que, respondiendo a acusaciones de Hormaechea, puso en duda la catadura moral de éste.

Los delitos por los que ha sido condenado nuevamente fueron cometidos por el presidente de Cantabria durante los años 1987 y 1990, a lo largo de su primera legislatura.

La repetición del proceso celebrado hace ocho años se desarrolló a lo largo de cuatro sesiones semanales entre los pasados meses de octubre y noviembre. Días antes de la apertura del juicio, el procesado intentó la recusación del magistrado que iba a presidir la sala del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que iba a juzgarle, pero su escrito no fue admitido a trámite por estimar que respondía sólo a una maniobra dilatoria y obstruccionista. A diferencia de la primera vista oral, las sesiones fueron presenciadas esta vez por muy escaso público y seguidas con mínimo interés por la sociedad cántabra.

Carteles publicitarios

El Tribunal Superior de Cantabria considera probado que el Consejo de Gobierno cántabro presidido por Hormaechea acordó el 22 de marzo de 1988 adjudicar a Oyprocansa la confección y colocación de carteles de todas las obras públicas regionales prescindiendo de la tramitación de expediente alguno, concurso, consulta de precios e informes. Además, se acordó el pago de los carteles mediante una cuenta de valores, extrapresupuestaria, desde la que se abonaron a esa empresa 247 millones de pesetas, llegándose a modificar el sistema de pago para hacerlo más ágil.