Una respuesta actual a un problema histórico

El Plan Hidrológico Nacional es una solución razonable, equilibrada y moderna al gran problema histórico de la política del agua en España: el déficit de las cuencas mediterráneas. La Comunidad Valenciana ha dado su apoyo claro e inequívoco a este Plan, porque nuestros recursos hídricos, imprescindibles para la vida, para el bienestar y para prácticamente todas las actividades económicas, dependen de las dos cuencas más problemáticas de la Península: el Júcar y el Segura. Las características propias del clima mediterráneo, nuestra peculiar configuración geográfica y el reducídisimo número de grandes ríos capaces de aportar a nuestro territorio parte de las abundantes aguas llovidas fuera, son el motivo de que amplias zonas de la Comunidad Valenciana padezcan situaciones de déficit hídrico grave. Sobre todo en el norte de la provincia de Castellón y en las comarcas meridionales de Alicante, donde el agua actualmente disponible no llega a cubrir siquiera las dos terceras partes de las necesidades.

Como respuesta a esta situación y a los problemas análogos que padecen las otras comunidades mediterráneas de España, Cataluña, Murcia y Andalucía, el PHN ha propuesto una solución basada en dos líneas de intervención: por un lado, ahorrar y apurar al máximo todas las posibilidades de utilización racional del agua disponible en los territorios deficitarios y, por otro, en la medida que ese esfuerzo no sea suficiente para cubrir las necesidades, garantizar que se puedan aportar recursos complementarios desde el Ebro, la única cuenca de la vertiente oriental peninsular que cuenta con excedentes suficientes, gracias a la gran reserva natural de agua que son los Pirineos.

La Comunidad Valenciana está cumpliendo perfectamente la primera exigencia del Plan. Desde hace más de cinco años se está desarrollando aquí una política integral del agua como nunca antes se había puesto en marcha, basada en la depuración y reutilización de las aguas residuales, en la modernización de regadíos, en el aprovechamiento de nuevos recursos como el agua desalada, en el reequilibrio interno mediante una distribución solidaria de los recursos disponibles... En definitiva, una política de aprovechamiento totalmente eficiente de la escasa agua que tenemos, incluyendo operaciones tan destacables como la reutilización total de las aguas residuales del área metropolitana de Valencia, más de 100 hectómetros cúbicos anuales que se destinarán a regar la huerta y alimentar La Albufera; la reutilización en la zona de Alicante y el Vinalopó, incluyendo las instalaciones más avanzadas para obtener un agua depurada de excelente calidad; la modernización de los regadíos históricos de la Acequia Real del Júcar; las desaladoras que se están instalando en el litoral alicantino, para abastecer al área Alicante-Elche y a los núcleos de mayor peso turístico; los planes de abastecimiento a zonas como La Plana de Castellón, La Ribera o Sagunto; la puesta en marcha de nuevos instrumentos de ordenación territorial, y un largo etcétera. Con todas estas actuaciones, la Comunidad Valenciana se está situando a la vanguardia de Europa en cuanto a ahorro y gestión integral del agua.

Además, la realización efectiva de los trasvases del Ebro queda sujeta a tres condiciones: primero, que esté garantizado en todo momento que no producen ningún perjuicio ambiental a la cuenca; segundo, que se pongan en marcha las infraestructuras previstas para el desarrollo de los territorios del Ebro, en Aragón y en el Delta, y, tercero, que el agua trasvasada se destine exclusivamente a abastecimiento humano, a consolidar regadíos infradotados, a frenar la sobreexplotación de las aguas subterráneas o a recuperar zonas húmedas degradadas por falta de agua. Es la primera vez que en España se plantea un trasvase que no tiene como fin incrementar la oferta de agua para ampliar los regadíos. Al contrario, el PHN lo prohíbe expresamente, para asegurar que las demandas no vayan a continuar creciendo por encima de lo que admiten los recursos.

Éstas son, pues, las tres prioridades que distinguen a este Plan de cualquier otro precedente: prioridad al ahorro y a la eficiencia en el uso del agua, prioridad a la protección y al desarrollo de los territorios que ceden agua, y prioridad al control de la demanda. Sin duda es una suerte que el PHN, la gran ocasión histórica para remediar un problema muy antiguo, haya acabado por materializarse precisamente ahora, en esta época de máxima sensibilidad por la defensa del medio ambiente, la conservación de los recursos naturales y la búsqueda de vías de desarrollo sostenible, exigencias a las que responde totalmente la política del agua diseñada por el Plan.

El último intento de solucionar el problema del agua en la España seca, el anteproyecto de PHN que presentó el gobierno socialista en 1993, fracasó porque no pudo alcanzar apoyos suficientes. El excesivo volumen de aguas a trasvasar (casi cuatro veces más que el Plan de 2001), su planteamiento anticuado (preveía crear más de 600.000 hectáreas de nuevos regadíos) y su escaso interés por el ahorro y la gestión sostenible del agua lo impidió. Por eso, la primera preocupación del gobierno popular ha sido reducir al mínimo indispensable las previsiones de trasvases, garantizar con todo el rigor técnicamente posible su viabilidad ambiental, y dialogar, negociar, ofrecer todas las oportunidades de acuerdo y comprometer todas las inversiones que van a contribuir al desarrollo y la mejora ambiental, social y económica de la cuenca del Ebro.

Ese esfuerzo por alcanzar un gran acuerdo ha dado su fruto. Tanto en el Consejo Nacional del Agua como en el Parlamento, el PHN ha obtenido los apoyos necesarios entre las comunidades autónomas, entre las fuerzas políticas y entre los sectores sociales y económicos relacionados con el agua. Evidentemente, no habría sido realista esperar un consenso absoluto ante un proyecto de la envergadura del PHN. Siempre habrá voces discrepantes, entre políticas de campanario y utopías pastoriles. Discrepancias legítimas, desde luego, y beneficiosas como acicate para un esfuerzo constante de reflexión y de mejora. Pero discrepancias muy minoritarias si no se hubieran encontrado con el apoyo y el estímulo del principal partido de la oposición, que, dando un sorprendente giro de 180 grados respecto a todo lo que propugnaba cuando gobernaba muy pocos años atrás, decidió sustituir la negociación por la negación, el diálogo fructífero por el monólogo estéril.

El empecinamiento cerril del Partido Socialista en Aragón, alentado y utilizado como arma arrojadiza desde Madrid con la conformidad cómplice -incómoda y contradictoria, pero cómplice- del socialismo valenciano, ha hecho imposible el gran pacto nacional que merecía esta ocasión. Pero afortunadamente no ha sido suficiente para impedir que el PHN se haga realidad, como piedra angular de la política del agua en la España del siglo XXI, y como base para que los valencianos podamos, por fin, encontrar la solución a largo plazo para nuestro déficit.

José Ramón García Antón es consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.