'La primera prueba de integración de los inmigrantes se debe dirimir en los municipios'

Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia es uno de los intelectuales que más ha reflexionado sobre el fenómeno de la migración. De Lucas participó ayer en la primera de las jornadas del tercer congreso nacional de la emigración que se celebra en Granada. El catedrático pidió la equiparación a todos los efectos del inmigrante con residencia estable en España con el ciudadano.

Pregunta. En su intervención se ha referido a la importancia de acercar todos los aspectos de la Administración local a los inmigrantes con residencia estable, incluido el derecho al voto activo y pasivo. ¿Cree que es necesario un mayor acercamiento de los ayuntamientos a los inmigrantes?

Respuesta. La clave de la ciudadanía del inmigrante empieza en su relación con la Administración más próxima, es decir, con la municipal. Creo que el primer test de integración social y política se debe dirimir a escala municipal. El problema es que los ayuntamientos están asumiendo cada vez más tareas al tiempo que se le recortan los fondos.

P. Por ejemplo, ahora hay una amenaza seria con la supresión del Impuesto de Actividades Económicas por parte del Gobierno central.

R. Sí, el Gobierno quiere asestar un golpe con la guadaña a los fondos municipales y los primeros que van a sufrir las consecuencias del recorte serán los inmigrantes.

P. Manuel Chaves, en su intervención en la apertura del congreso sobre inmigración, pidió más fondos europeos para las regiones que, como Andalucía, son territorios claves en la llegada de inmigrantes.

R. La petición de Chaves es un brindis al sol viendo los vientos que soplan hoy. Chaves tiene que pedir esos fondos porque no está funcionando la coordinación debida entre la Administración central y la autonómica. Pero también hay una contradicción en la postura de las comunidades. En unas ocasiones opinan que es una cuestión de Estado y en otras piden más competencias.

P. ¿Hay mucha diferencia en el trato que dipensan a la inmigración las ciudades españolas?

R. Sí, los ayuntamientos de ciertas ciudades trabajan muy bien. Aunque no puedo citar a todas cabe destacar la Carta Social de Barcelona o el trabajo del Ayuntamiento de Granada.

P. Y las comunidades autónomas ¿cuál es su actitud?

R. En este pregunta sí me mojo, y pongo como ejemplo a la Junta de Andalucía y a la Generalitat, aunque también tienen planes Navarra, Murcia, Madrid y Baleares. Pero en Andalucía por ejemplo, los planes de sanidad y educación de los inmigrantes se han concretado presupuestariamente. Eso no quiere decir que la Junta sea un modelo a seguir, pero ha promovido redes de trabajo y de promoción social. Hay también una mayor presencia pública de las asociaciones de inmigrantes que juegan un importante papel de mediación. Por el contrario, el foro de integración del Gobierno central no ha funcionado.

P. Las diferencias en el trato al fenómeno migratorio ¿son ideológicas?

R. Sí, hay una diferencia clave entre la posición digamos progresista y la conservadora o abiertamente reaccionaria. El PP gestiona la inmigración bajos dos premisas clásicas, la del orden público y la del mercado de trabajo. Yo fui crítico con la política del PSOE en materia de inmigración, en concreto con la ley del 1985, una ley que el PP apoyó al cien por cien y que, al contrario de lo que afirman sus dirigentes, no era sólo la ley socialista. Luego el PSOE ha rectificado, pero no el PP.

P. En la inauguración del congreso se aludió a que ahondar en la política migratoria no es rentable políticamente.

R. En efecto, hablar de otro modelo de política de inmigración supone perder votos. Así lo he escuchado decir a ciertos analistas electorales. Pero no se puede esperar del ciudadano una reflexión sobre la inmigración más profunda cuando a diario se le dice que el fenómeno se resuelve solamente con una política de fronteras y regulando el mercado de trabajo.Ha habido una campaña brutal de Juan Cotino [ex director general de la Policía] y Jaime Mayor Oreja [ex ministro del Interior] sobre la relación entre delincuencia e inmigración, hasta el punto de manipular la encuestas del CIS planteando preguntas con respuestas inducidas.