Los ecologistas sólo impedirán el 'parany' si pagan 300.000 euros
Los ecologistas que presentaron el recurso contra el decreto de la Generalitat que regula desde 2000 la caza con parany tendrán que abonar 300.506 euros (50 millones de pesetas) para que se haga efectiva la sentencia en la que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) declaraba no ajustada a derecho dicha norma. Esa fianza millonaria, en espera de que se pronuncie el Tribunal Supremo, sólo se aplicará a la presente temporada, que se inicia el sábado, y no se exigirá para las siguientes.
Así las cosas, la caza con parany podrá realizarse en los próximos días a no ser que las entidades ecologistas paguen la fianza. El auto de los cuatro magistrados de la sección tercera de la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ resuelve 'acceder a la ejecución provisional de la sentencia, ordenar a la Consejería de Medio Ambiente la revocación total de las autorizaciones de caza concedidas para la caza de tordos con parany' en 2002 'y condicionar los acuerdos de ejecución provisional a la prestación de una garantía bancaria de 300.506 euros'. La resolución cuenta con el voto particular del magistrado Fernando Nieto, contrario a la medida.
'No coincido con el criterio mayoritario seguido por el resto de los miembros del tribunal, y ello al entender que la exigencia de aval bancario a cargo de las asociaciones ecologistas impugnantes (...) equivale a su material inejecución ante el importe patrimonial al que alcanza la exigencia', explica Nieto.
Entre otras cosas, el voto particular señala: 'No me parece que Acció Ecologista Agró e Instituto de Defensa de Ecologistas en Acción tengan un caudal económico bastante', y que se realizará la caza con parany 'obviando la generación de daños a terceros'.
Los ecologistas, que llevan años batallando contra Medio Ambiente por permitir una caza (y dar licencias cada año) que consideran ilegal por ser masiva y no selectiva (afecta a especies protegidas), lamentaron ayer la decisisón. Agró presentará recurso contra 'esta abusiva resolución a fin de que esta burla al derecho constitucional de la ciudadanía a una tutela judicial efectiva pueda ser reconsiderada'.
Agró, que no puede afrontar una fianza tan cuantiosa, considera que los ecologistas carecen de 'ánimo de lucro' y defienden el 'interés general' frente al interés de los 7.000 paranyers. Y anuncia que esta campaña caerán muchas especies protegidas. '¿Quién responderá de estos daños si el Supremo nos da de nuevo la razón?', preguntan.
