'La competencia entre comunidades en sanidad es buena'

Pregunta. El 3 de octubre entra en vigor el decreto por el que los ciudadanos que lleven más de seis meses en lista de espera quirúrgica pueden solicitar ser atendidos en la sanidad privada para ser operados. ¿Cómo está la situación?

Respuesta. Quedan menos de 500 enfermos en lista de espera con más de 180 días y podemos llegar al 3 de octubre con un centenar de operaciones pendientes. Con todos estos enfermos hemos hablado ya y les hemos ofrecido alternativas de otro hospital. Son operaciones difíciles, que llevan tiempo; la mayoría de columna. Todos han decidido esperar y no cambiarán de hospital. El plan ha sido un éxito.

P. Hace dos años había casi 12.000 personas que llevaban más de seis meses esperando operarse.

R. En la vida, ni en esta comunidad ni en ninguna otra, se había logrado algo igual. La verdad es que me para la gente y me dice: 'Ahora si están llamando pronto para operar, eh'. Lo mismo que me dicen que se tarda un montón de tiempo en las pruebas para el diagnóstico. Éste será el próximo problema a resolver.

P. ¿Y a quién ha de atribuírsele el mérito?

R. A los profesionales. Nos han demostrado que cuando se les pone un reto, con una fecha determinada, se vuelcan. Han trabajado en vacaciones, por la tarde, en los equipos móviles los fines de semana... Y se ha hecho bien, con calidad. Lo importante es que se ha resuelto el problema.

P. Acabadas las listas de espera a largo plazo, ¿van a bajar la guardia ahora?

R. Tenemos que buscar un sistema de equilibrio que regule oferta y demanda. Hemos introducido elementos puramente coyunturales para resolver el problema que teníamos. Lógicamente, algunos de estos elementos no se van a mantener. Ahora se trata de que, en colaboración con las sociedades científicas, fijemos bien qué criterios han de seguirse para programar una operación.

P. ¿Por qué se ha disparado la demanda quirúrgica y, en general, la sanitaria?

R. Concurren múltiples causas: el aumento de la esperanza de vida o los avances tecnológicos, que permiten hacer operaciones hasta hace poco impensables con el mínimo riesgo. Una tercera: las enfermedades hasta hace poco mortales, ahora son crónicas, como el sida o muchos tipos de cáncer. También el desarrollo social, que hace que la asistencia sanitaria se demande como un producto más de consumo.

P. La ministra de Sanidad, Ana Pastor, ha anunciado en el Congreso una Ley de Calidad y Coordinación e hizo hincapié en que haya equidad, solidaridad y eficiencia en el sistema sanitario.

R. Equidad es tener un sistema de financiación similar para todos. Y a partir de ahí creo que es bueno que haya competencia entre las comunidades autónomas. A mí me parece que plantear la igualdad de prestaciones como elemento de equidad es, sencillamente, no reconocer el sistema de autonomías que tenemos. Y eso es lo que hizo la ministra en su intervención en el Congreso. Cada autonomía tiene su Parlamento, que es soberano, con capacidad de decisión. No se trata de que haya las mismas prestaciones en todas las comunidades. Cada una puede tener sus prioridades... Y no es más equitativo que una autonomía dedique, por ejemplo, más recursos a atender a los ancianos que a la salud bucodental, o viceversa; simplemente será una opción política distinta o corresponderá a una sensibilidad social distinta. Esta competencia enriquece. Un sistema sanitario equitativo no significa que deba ser igual en todas partes, sino que tenga las mismas posibilidades. Es decir, que disponga de una financiación similar, no como ocurre ahora.

P. Entonces el plan de salud bucodental de Pastor no le convence.

R. Me parece demagógico. ¡Y encima sin poner un euro!

P. Una vez transferidas las competencias sanitarias a todas las autonomías, ¿qué papel le queda al Ministerio de Sanidad?

R. Un papel importante, tan importante que dependiendo de cómo lo ejerza dependerá el fracaso o el éxito de la ministra. Debe conseguir el consenso en los temas que nos afectan a todos, como la farmacia; decidir qué tecnologías son necesarias y cómo deben introducirse en la sanidad; la investigación, un tema de Estado que no puede obviar, o la salud de los inmigrantes ilegales, de los que hasta ahora se está desentendiendo el Ministerio.

P. ¿ Y qué función le corresponde al Consejo Interterritorial de Salud ?

R. Procurar que lleguemos a acuerdos entre las comunidades y el Ministerio. El tema de la farmacia es prioritario. No puede marginarse a las autonomías, que son las que pagan, de la elaboración de la lista de fármacos financiados por la Seguridad Social ni de la discusión de cómo se fijan sus precios. Éste es uno de los temas más opacos de la política española actual.

P. ¿Cuál es la posición de la Junta respecto a la investigación con células madre embrionarias?

R. Creo que no hay que mezclar las creencias personales con las decisiones políticas. El mundo científico y los países más avanzados, en general, no dudan de que la investigación con células madre es una de las vías más prometedoras para curar enfermedades. La realidad es que en España tenemos miles de embriones congelados que pueden ser muy útiles para este tipo de investigación, pero no sabemos qué hacer con ellos, y por una legislación inadecuada o por razones de ética, no se utilizan.

P. ¿Qué se puede hacer?

R. Cambiemos la legislación porque si en Gran Bretaña, donde sí se ha autorizado investigar con este tipo de células, se lograse un fármaco que curase la diabetes, ¿lo rechazaríamos? Mi opinión es que no hay que ser fariseos y no poner puertas al campo. Eso sí, pongamos los controles que sean necesarios. Es un tema que afecta a tantos ciudadanos que debemos darle una solución real, al margen de intereses económicos y creencias religiosas.

P. ¿A qué intereses económicos se refiere?

R. En EE UU, por ejemplo, el Gobierno no va a investigar pero no prohíbe que lo hagan las empresas privadas. Donde hay laboratorios que pagan no existen problema éticos ni legales para que se investigue.

P. ¿Queda margen todavía para ampliar los derechos de los usuarios de la salud pública en el Estado del bienestar o estos derechos pueden verse recortados?

R. En España, en los últimos seis años, no retroceder en políticas sociales ya es un avance. Hemos vivido un ciclo de bonanza económica, pero no se ha dado un sólo paso positivo en derechos sociales. La izquierda tiene que dar otra respuesta porque no tenemos un nivel de bienestar social suficiente como para aceptar que hemos llegado al límite de lo que hay que pedirle al Estado. Hay campos en los que hay que avanzar. Una persona joven, aunque tenga trabajo, si tiene que cuidar a un anciano, a un familiar enfermo... tiene pocas posibilidades de promocionarse. Pues a estas personas el Estado debe ayudarles. Falta mucho para que tengamos un Estado del bienestar equilibrado.