Un pacto entre las partes resolvió 22 de los 56 juicios con jurado en 2001

Casi el 40% de los juicios con jurado popular que se señalaron en 2001 en la Audiencia de Madrid no se celebraron. Los procesados alcanzaron un acuerdo con sus acusadores al conformarse aquéllos con la pena que éstos demandaban. En este caso, el magistrado presidente del tribunal disuelve el jurado y dicta una sentencia de acuerdo con el contenido del pacto alcanzado. En los juicios normales estos acuerdos se dan en menos ocasiones. En estos casos, las partes prefieren ir a juicio, ya que entienden que un juez es más garantista y menos imprevisible que un jurado.

La ley que regula el tribunal del Jurado, vigente desde finales de 1995, permite este tipo de acuerdos, aunque pone un límite: que la pena susceptible de imponerse por el delito del que se acusa al reo no exceda de seis años de prisión. El año pasado se fijaron en la Audiencia de Madrid 56 juicios con jurado popular. En 22 de ellos hubo acuerdo o conformidad del reo con las penas solicitadas por el fiscal, por lo que el jurado fue disuelto y el juicio no se desarrolló como tal, según datos facilitados por la Audiencia de Madrid.

Hubo acuerdo, por ejemplo, en delitos de cohecho, malversación, allanamiento de morada, lesiones y omisión del deber de socorro a semejantes. Estos son los delitos menos graves de entre los susceptibles de ser enjuiciados mediante la Ley del Tribunal del Jurado; entre los que se incluyen también (pero castigados con penas más altas), se cuentan los homicidios y asesinatos.

Tales acuerdos pueden producirse antes o durante el juicio. Lo habitual es que los acusadores -el fiscal o el abogado de la víctima- hablen con el abogado defensor, o viceversa, y aquéllos reduzcan su petición de penas a cambio de una conformidad con ellas.

Un ejemplo: el fiscal pide en su informe provisional para un acusado cinco años de cárcel. Si se plantea el acuerdo, lo lógico es que elabore otro informe sobre la marcha y en él rebaje su demanda inicial de pena, dentro del margen que establece la ley para ese delito. Eso sí, la reducción debe resultar del agrado del procesado. De esta manera, los acusadores se aseguran de que el acusado será condenado y el acusado, por su parte, evita la posibilidad de que a la postre se le imponga una pena superior a la que él preveía.

Juicios normales

En los juicios normales, en los que es el juez el que dictamina la culpabilidad o la inocencia del reo, también cabe que el acusado se conforme con la pena más grave de las que solicitan los acusadores y que la vista no llegue a celebrarse como tal, pero esta situación, a diferencia de lo que ocurre en los juicios con jurado, es más infrecuente.

Tampoco es frecuente que se produzca un acuerdo entre las partes y, mediante una rebaja en la petición del fiscal, se alcance un pacto. Las partes prefieren, en este caso, acudir a juicio, ya que consideran que los jueces son más garantistas y menos imprevisibles que un jurado popular.

Un informe de la Audiencia de Madrid revela que, una vez celebrado el juicio, el jurado popular suele ser más duro que los jueces profesionales en su veredicto.

De hecho, el jurado (integrado por nueve personas y dos suplentes elegidos aleatoriamente entre quienes conforman el censo de Madrid) emitió el año pasado 27 veredictos condenatorios y sólo siete de absolución del reo. Es decir, en más del 80% de los casos se producen veredictos de culpabilidad.