Máxima tensión en las cárceles

Señor director: adjunto parte; referente a que el interno, M. V. J. C., tenía una herida inciso contusa producida por agresión de otro interno. Fue trasladado en UVI al hospital de Salamanca sobre las 15.15, reingresando a las 18.00. El interno agredido se niega a decir quién es el agresor. Por orden del señor director se practica un chequeo en el citado módulo. En ese momento, los internos J. M. G. D y L. M. R. G. solicitan hablar conmigo y declaran asustados que están en peligro y que por la tarde pueden ser ellos los pinchados, y que no quieren problemas, que por favor los saquemos de allí porque puede haber muertos... Se les vuelve a preguntar por las razones de la agresión y declaran que es debido a deudas del economato. Los internos sospechosos de la agresión no declaran nada y ni siquiera preguntan por qué se les aplica aislamiento provisional, medida que se les ha aplicado a todos los internos mencionados por orden de la Dirección... Hechos que pongo en su conocimiento para los efectos oportunos. Topas, a 10 de julio de 2002. El jefe de Servicios'. Es el parte de incidentes de un día cualquiera en la cárcel de Topas (Salamanca), el segundo Centro Tipo de España, abierto hace cuatro años, después de Soto del Real (Madrid).

En Topas (Salamanca), de los 1.600 internos, 900 son extranjeros, y hay 54 nacionalidades. Todos los carteles están en tres idiomas

Según datos de Acaip, en lo que va de año se han producido 42 muertes, de las que cuatro han sido violentas, 20 por sobredosis, 10 suicidios y ocho por determinar

Desde enero de 2001, la población reclusa ha sufrido un incremento de 5.041 internos; ha crecido más que en los cinco años anteriores

Hay 51.000 reclusos en las 77 prisiones españolas, pero las plazas funcionales disponibles son 31.000. Hay, por tanto, un excedente de 20.000 presos

Un día antes de los hechos relatados, el director de la prisión, José Igancio Bermúdez, paseaba por sus dependencias. En una de las calles que separan los distintos módulos del centro, un interno de origen subsahariano se acerca a su paso: 'Déme un trabajo, lo que sea jefe. Yo he arreglado los coches de medio Barcelona, sé de carpintería. Mire estas manos', dice mostrándole las palmas, 'puedo hacer cualquier cosa y yo no quiero dinero, jefe. Lo que sea, pero quiero hacer algo. ¿Vale jefe?, ¿lo promete jefe?'.

Es el reclamo reiterado de la mayoría de los presos al paso de Bermúdez. Y es que, más allá de que la masificación obligue a que haya dos internos por celda, la crispación en las cárceles viene por los problemas para acceder a los servicios comunes que los propios centros deben ofertar por ley.

Los trabajos productivos remunerados, las actividades, la asistencia jurídica y sanitaria, las comunicaciones con familiares y amigos, los permisos... Todo se ha visto mermado en la misma proporción en que ha crecido el número de internos, es decir, cerca de un 13% en año y medio, según los datos de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y de la Dirección Penitenciaria de la Generalitat de Cataluña, que tiene transferidas las competencias.

1999, un año muy conflictivo

Y la conflictividad también ha aumentado proporcionalmente: 'La tensión se masca; cuanta más gente, más se restringen sus posibilidades de elegir', dice José Luis Pascual, funcionario y representante sindical en Topas. Y da datos: los índices de conflictividad habían crecido ya un 20% en 1999 con respecto a años anteriores, y la media de faltas diarias había subido de un 1,8% en 1997 a un 4% en 1999 y a un 4,6% en 2000. 'Y la cosa va a peor, aunque ahora no nos dejan ver los datos', dice.

Bermúdez asegura, sin embargo, que no se ha producido ese incremento: 'Lo que pasa es que el año 1999 fue un año muy conflictivo porque hubo mucha protesta sindical y eso afectó a los internos. En lo que va de año hemos abierto 681 expedientes por faltas y en todo el año pasado tuvimos 1.083. No tiene nada que ver que haya más gente, sino el tipo de personas que sean', asegura.

En el mismo sentido, fuentes de Instituciones Penitenciarias insisten en que el incremento de presos 'no guarda una relación causal con el número de fallecimientos', pese a que en lo que va de año se han registrado cuatro muertes violentas en prisiones, mientras que el año pasado sólo se produjo una.

El sindicato mayoritario de funcionarios de prisiones (Acaip) asegura que 'la masificación ha puesto al límite la convivencia en las prisiones españolas'. Según sus datos, en lo que va de año se han producido 42 muertes, de las que cuatro han sido violentas, 20 por sobredosis, 10 suicidios y aún quedan ocho muertes por determinar. 'El problema no es que haya dos internos por celda, pese a que la ley aconseja que haya uno para respetar el derecho a la intimidad. La clave del momento que viven las cárceles españolas radica en que cuentan con los mismos recursos para atender a mucha más gente y mucho más diversa', explica José Ramón López, representante nacional de Acaip.

'Antes conocíamos a los presos por su nombre, la mayoría respondía al perfil del toxicómano que ha pegado un tirón. Ahora, aunque la tipología del delito sigue siendo la misma porque la mayoría está preso por un delito de drogas o por un delito contra la propiedad, sólo vemos bultos que van y vienen. La mayoría está tirado en el patio por falta de actividades; además hablamos ya de mafias organizadas y de muchas personas que ni entiendes ni te entienden porque no hablan tu idioma', añade Juan Miguel Cazalla, funcionario de prisiones en Jaén y representante nacional de UGT.

El centro de Topas es uno de los que alberga mayor número de extranjeros, ya que de los 1.600 internos, 900 no son españoles. Y en toda la prisión sólo unos 200 reclusos tienen acceso a un trabajo productivo, según los datos facilitados por Bermúdez. Todos los carteles que hay en la prisión están en tres idiomas: español, inglés y árabe, y muchos internos necesitan un intérprete -que según el director, suele ser otro recluso- para hablar con los funcionarios, los juristas o los sanitarios.

El hecho de que la delincuencia en Castilla y León no sea tan importante como para llenar este centro tipo con unas 1.000 plazas residenciales, ha contribuido a que ingresen muchos de los condenados y preventivos que no tienen cabida en su zona de origen, así como la mayoría de los extranjeros, por no tener arraigo ni familiar ni residencial en el país. El resultado es una prisión con 54 nacionalidades.

'¿Hay problemas de convivencia entre las distintas culturas?', le pregunta Bermúdez al recluso encargado de la cocina. Pero el recluso no entiende el sentido retórico de la pregunta y en un minuto recuerda tres incidentes.

-'Pero fueron cosas sin importancia, ¿verdad?', insiste Bermúdez.

-Sí, claro. Responde, finalmente el interno.

Las explicaciones de Bermúdez sobre la distribución de los presos en la prisión son aún más reveladoras en este sentido: 'En el 5 están los toxicómanos; en el 14, los deportistas; en el 13, los extranjeros multireincidentes, y en el 3, los nacionales multireincidentes. Estos dos últimos grupos no se pueden ver entre sí. Es una cuestión del tipo de preso no de números ni de culturas', insiste.

Pero la realidad de las cárceles se impone y los datos son objetivos y reconocidos tanto por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias como por la plataforma de sindicatos de funcionarios de prisiones: son ya unos 51.000 los reclusos que albergan las 77 prisiones españolas -11 de ellas en Cataluña-. Pero, son unas 31.000 las plazas funcionales disponibles en dichos centros, según Acaip. Habría, por tanto, un excedente de 20.000 reclusos.

Traslados y conducciones

Los traslados o conducciones de presos a lugares alejados de sus familias y residencias habituales contribuyen a elevar la tensión en la prisión, porque los familiares, muchas veces con bajo poder adquisitivo, no van a verlos.

'Yo soy de Jerez', dice un preso del módulo 5 de Topas. 'No sé cuánto tiempo llevo sin ver a mi familia; es lo que más echo en falta', asegura mientras camina con otro recluso de un lado a otro del patio.

'La masificación ha conllevado el traslado masivo de presos fuera de sus zonas de origen. Por eso nos cortamos más a la hora de dar permisos de salida, por el riesgo que entraña. No es lo mismo que una persona vaya a ver a su familia en autobús, que se vea obligada a coger un autobús, un tren y un avión', explica un reconocido jurista que prefiere no dar su nombre.

En el último año y medio, y según los datos de Instituciones Penitenciarias, la población reclusa ha sufrido un incremento (media entre los que han entrado y los que han salido) de 5.041 internos, es decir, el número de presos ha aumentado en 18 meses más que en los cinco años anteriores. Sin embargo, no ha crecido en la misma proporción ni el presupuesto anual -110.000 millones, teniendo en cuenta que el coste por preso y año ronda los dos millones-, ni el número de personal que los asiste (unas 500 personas en los centros de más de 1.000 plazas: desde el director hasta el capellán, pasando por vigilantes y educadores), ni los lugares en los que residen, ni las salas comunes, ni las clases... Según los datos de Instituciones Penitenciarias, el número total de efectivos penitenciarios es de 19.735, de los que 17.952 son funcionarios (desde juristas y psicólogos hasta personal administrativo y la dirección) y 1.783 laborales (desde trabajadores sociales hasta electricistas).

'Las plantillas están pensadas para una ocupación de una persona por celda y ahora un solo vigilante tiene que controlar a 150 personas, todo un módulo', explica José Ramón López de Acaip.

Y es justamente en esa tesitura en la que se encuentra un vigilante de la cárcel de Aranjuez: 'Si pasa algo me tengo que salir, cerrar las puertas y esperar a que vengan refuerzos. Y si cuando lleguen se han matado pues... En el momento en que hay armas no hay nada que hacer, y aquí te hacen un pincho de cualquier cosa', asegura.

'El problema no está en que quepan', dice el jurista, 'pueden estar hasta 2.000 en un centro, siempre y cuando se les pueda garantizar sus derechos', y continúa: 'Nosotros velamos porque se cumpla la legalidad en la prisión, pero no damos abasto y le puedo asegurar que aquí lo único que se cumplen son las penas, porque todo lo demás es imposible. Apenas podemos tener una intervención directa con el interno, que permita hacer un informe y determinar algo tan importante como a qué módulo debe ir. Es imposible hacer un seguimiento, cuando las entrevistas se producen cada seis meses. Todo esto genera conflictos porque los presos conocen sus derechos y se sienten cada vez más desatendidos', explica.

Las razones del incremento de presos en las cárceles son múltiples: mayor índice de delincuencia para unos, más efectividad policial para otros, más inmigrantes sin trabajo según otras versiones... Pero en algo todos están de acuerdo: se empieza a notar las consecuencias de la reforma del Código Penal de 1995.

Aquella modificación legislativa supuso un endurecimiento de las penas, sobre todo, de las que tenían que ver con el narcotráfico. Pero supuso también algo más importante: eliminó la redención de condena tal y como se venía produciendo (un día menos de condena por cada dos días trabajados).

La consecuencia de este cambio es doble y trascendental: la gente está más tiempo encarcelada por lo que se van acumulando los reclusos, dado que ya no salen al mismo ritmo que antes y, además, entran más.

Pero implica, sobre todo, un importante cambio en la conducta del interno, que tiene cada vez menos expectativas. Al no existir un elemento motivador, un aliciente relacionado con la libertad que ha perdido, el interno tiene la sensación de que, independientemente de lo que haga, va a cumplir su pena íntegra. 'Esto ha afectado enormemente a su disciplina y, por tanto, al nivel de conflictividad en los centros. Los presos ahora tienen un dicho: 'Esto me sale gratis', dice Joaquín Nieto, funcionario hace 22 años y representante nacional del sindicato ACUSO.

'Se ha perdido un importante instrumento de gestión de los centros. Antes, los presos tenían mucho que perder y mucho que ganar', dice el jurista, 'era una forma muy notable de incidir en su comportamiento porque veían el fruto de su esfuerzo cada día y cada tres meses les llegaba una carta que les informaba de que habían restado 45 días a su condena. Así integraban valores básicos, como los de esfuerzo y recompensa, que les ayudarían a desenvolverse en la sociedad futura, que se supone que es de lo que se trata', agrega.

Un código demasiado duro

Ahora, en cambio, lo único que establece el Reglamento Penitenciario es que 'la buena conducta, el espíritu de trabajo o el sentido de la responsabilidad en el comportamiento de los internos serán estimulados con recompensas como comunicaciones extraordinarias con familiares, premios en metálico, notas meritorias...'. Pero nada que ver con su libertad.

La Ley Orgánica de 1995 recoge que 'excepcionalmente, el juez de Vigilancia Penitenciaria podrá conceder la libertad condicional a los que hayan extinguido las dos terceras partes de su condena, siempre que merezcan dicho beneficio por haber desarrollado actividades laborales, ocupacionales o culturales'. 'Por eso el preso piensa: ya me portaré bien cuando esté cerca de cumplir las dos terceras partes', reflexiona un directivo de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.

Los propios penalistas señalan la dificultad que este código acarrea: 'El Código Penal es demasiado duro y, siendo benevolente, mucha gente va a la cárcel. Habría que empezar por reformarlo y promover penas alternativas como los arrestos de fin de semana, los trabajos en beneficio de la comunidad o las multas', dice un juez titular de Ejecutoria de Barcelona que prefiere no revelar su identidad.

Pero, además, el cambio legislativo relacionado con la redención de la pena entraña una enorme contradicción que todos los sindicatos vienen denunciando: 'Si yo a un señor no le puedo facilitar actividades que realizar, ¿cómo le voy a poner eso como condición para redimir la pena?'.

Esta pregunta genera respuestas ambiguas, como la que ofrece Instituciones Penitenciarias: 'Es el Ministerio de Administraciones Públicas quien establece el cómputo de funcionarios necesarios para desarrollar actividades. Mi misión es que los presos no se peguen', asegura un directivo.

Lo cierto es que, lejos de que las cárceles sean centros de reinserción social -reingresan más del 50% de los que salen-, sus directores están más preocupados porque no pase nada que por otra cosa: 'Las cárceles no son máquinas de paliar desigualdades, aquí hacemos lo que podemos', dice Andrés Márquez, director de la de Aranjuez. 'Necesitamos una reestructuración por el cambio de la delincuencia: mafias, bandas, etcétera. Mientras, mi mayor preocupación es que no pase nada'.

Diseñar un plan que haga frente al incremento de la población reclusa -ya hay proyectados cuatro nuevos centros- es el objetivo principal de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. En resumen, quizá tenga razón el funcionario de Aranjuez que concluía: 'Está muy bien lo de la reinserción y la rehabilitación, pero el talego es otra cosa'.