Garzón dice que la Ley de Partidos se hizo "con vocación de aplicarse, ya que si no sería un fraude"

El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón subrayó hoy que existe la posibilidad de exigir responsabilidades a Batasuna por el atentado perpetrado ayer por ETA en Santa Pola (Alicante), siempre y cuando "esté recogido en la Ley de Partidos" y "su articulado lo permita". Asimismo, recordó que "una ley se hace con vocación de aplicarse, ya que si no sería un fraude".

En el curso de verano de El Escorial 'El terrorismo en la era de la globalización', Garzón remarcó que la Ley de Partidos "no ataca al principio de la libertad ideológica" y que su finalidad es "sancionar las consecuencias de unas acciones que se encuentran dentro de la ilegalidad". Garzón insistió en que aquellas agrupaciones "que apoyan la actividad terrorista o que no la combaten, no deben participar de los principios de un sistema democrático en el que prima ante todo lo legal" y que la ley se debe aplicar por igual a todos los ciudadanos.

Asimismo, comentó que "existen armas legales para defender el Estado de Derecho" y señaló que "estas armas están recogidas en la ley y en los textos internacionales", pero que hay "que desarrollarlas para lo que es necesario una actuación conjunta de las fuerzas políticas, sociales, jueces y fiscales..."

NACIONALISMO "MIOPE"

El magistrado, que participó en el Curso de Verano de la Universidad Complutense 'Terrorismo en la era de la globalización', aseguró que en el ámbito abertzale, nacionalista e independentista sólo se acepta "la visión reducida o miope" del terrorismo, excluyendo toda una gama que incluiría "al mal denominado entorno terrorista", e incluso excluiría a las denominadas formas de lucha armada.

Según Garzón, en España, una organización terrorista es algo "mucho más complejo que un conjunto de personas que mata, pone bombas o secuestra para conseguir sus objetivos políticos". Por tanto, según sus propias palabras, "terrorista no es sólo el que da un tiro en la nuca, pone un coche bomba, secuestra a un empresario o derriba las Torres Gemelas, sino también el que incita, dirige, financia e integra la organización en la que no existe un libro de asociados".

En esta misma línea, el juez señaló que quienes financian la organización "no son sólo los que cobran el llamado impuesto revolucionario, sino también los que organizan campañas para recaudar fondos para financiar actividades de la organización, o para ayudar y ocultar a quienes se preparan para utilizar aviones como misiles, o armas químicas con las que contaminar cualquier ciudad del mundo".

A su vez, indicó que los contables de la organización, las entidades bancarias que hayan permitido la financiación mediante la concesión de créditos blandos, a fondo perdido, con menos garantía que para el resto de los ciudadanos, los Estados con instituciones que a sabiendas de la vinculación terrorista, subvencionan o apoyan a determinadas estructuras vinculadas a las organizaciones terroristas, o quienes consienten el blanqueo de dinero, "son también responsables de las actividades terroristas, y por tanto terroristas".

POSICIÓN REAL Y DEFINIDA

"Al terrorismo no se le vencerá si no es con el concurso de todos, con una posición definida y real, prescindiendo de la utilización partidista de la violencia, con una actitud clara y contundente, y no meramente simplista frente a todo el complejo terrorista", prosiguió Garzón.

En este sentido, el magistrado de la Audiencia Nacional, cree "ineludible" demostrar al ciudadano, desde la Ley, que los ataques contra el Estado de Derecho deben ser combatidos con el Estado de Derecho y sus medios, "que no son ni la inactividad, ni la demagogia de fin de semana, ni el ataque vacío a quienes hacen algo por construir y no por destruir la sociedad".

Desde su punto de vista, "se juega con demasiada frecuencia con el pueblo y sus intereses, con el futuro y las necesidades, para conseguir la justificación de determinados planteamientos frente a la violencia, aportando soluciones vacías o falsas, cimentadas sobre el discurso deslegitimador del propio sistema democrático".