La sindicatura investigará los contratos de la Generalitat con Europraxis

El Parlament encargó ayer a la Sindicatura de Cuentas que investigue la relación de la Generalitat y las administraciones públicas catalanas con la consultora Europraxis, vinculada a Josep Pujol Ferrusola, hijo del presidente de la Generalitat, y otras empresas relacionadas con ésta. Este inusual encargo -apenas existen precedentes de una petición de fiscalización sobre una empresa privada- cogió a contrapié a Convergència i Unió (CiU), que se vio obligada a votarlo tras conocer que la propuesta, justificada por la 'alarma social creada', contaba con el apoyo del Partido Popular (PP).

CiU se vio forzada a votar el encargo al ver que el PP apoyaba la petición de la izquierda

Todos los partidos menos CiU amonestan al síndico por el informe sobre el 'caso Pallerols'

La Sindicatura de Cuentas es el órgano que controla los presupuestos de todas las administraciones públicas de Cataluña y es en este marco donde debe situarse el encargo de ayer del Parlament: la sindicatura no deberá fiscalizar las cuentas de Europraxis, sino únicamente sus contratos con las administraciones catalanas.

En la propuesta aprobada se pide a la sindicatura 'un informe de fiscalización de las contrataciones y los gastos hechos en los últimos seis años' por la Generalitat y las empresas y organismos autónomos, así como las administraciones locales, con Europraxis Consulting Holding, Europraxis Consulting, SA, y Comopraxis, SA, empresas vinculadas a Josep Pujol Ferrusola. También se pide la fiscalización de los contratos públicos con Indra, la consultora que compró Europraxis en 2001.

En los últimos meses, la oposición ha puesto en el punto de mira las confusas relaciones del Gobierno catalán con empresas relacionadas con los hijos del presidente de la Generalitat, un asunto tradicionalmente tabú en la política catalana y especialmente incómodo para CiU y su entorno. La relación de la Administración con Europraxis se han convertido, en opinión de la izquierda, en paradigma de una situación de corrupción.

Europraxis ha recibido contratos del Departamento de Industria -del que es secretario general Oriol Pujol, otro hijo del presidente-, de la mutua L'Aliança cuando estaba bajo el control de la Generalitat y de la multinacional Lear cuando el Ejecutivo debía autorizar el cierre de su planta en Cervera (Segarra).

'Transparencia'

La resolución fue impulsada por el diputado socialista Martí Carnicer, quien la justificó por la 'alarma social' que han desencadenado las relaciones de la Generalitat con las empresas vinculadas al entorno familiar de Jordi Pujol, así como por razones de 'transparencia'. El PP, que siempre ha bloqueado la petición de la izquierda de crear una comisión de investigación, decidió ayer, en cambio, sumarse a la propuesta después de ampliar la fiscalización solicitada. El texto inicial se reducía a los contratos de la Generalitat y los conservadores impusieron que el informe incluyera también a las administraciones locales.

La votación sobre este nuevo encargo a la sindicatura no fue el único punto sensible en que el PP se alineó con el resto de los partidos de la oposición durante la sesión de ayer, lo que revela la fragil mayoría de CiU en el Parlament y el interés del PP catalán en aumentar la presión sobre los nacionalistas, aunque siempre dentro de los límites marcados por la dirección nacional del partido, que quiere agotar la legislatura. Además de forzar el encargo del informe sobre Europraxis, el diputado del PP Josep Maria Fabregat se sumó también a los reproches lanzados por los portavoces de los grupos de izquierda contra el nuevo síndico mayor, Marià Nicolàs, por el informe que ha elaborado sobre los fondos de formación para parados.

Este informe fue encargado hace tres años y medio a raíz del caso Pallerols, de presunta financiación irregular de Unió Democràtica a través de los fondos europeos de formación para parados gestionados por el Departamento de Trabajo. Nicolàs se responsabilizó de la parte del informe correspondiente a este departamento, pero evitó investigarlo directamente. Tras completar el informe, CiU lo promocionó a síndico mayor.

La sesión de ayer fue el estreno de Nicolàs como síndico mayor ante la comisión de la sindicatura, y aguantó estoicamente los duros reproches de Josep Maria Rañé (PSC), Josep Maria Fabregat (PP), Francesc Ferrer i Gironès (ERC) y José Luis López Bulla (ICV), con el único respaldo del portavoz convergente, Marià Curto.

En su intervención inicial, el síndico mayor resumió su informe en menos de tres minutos y apuntó 'la falta de personal en Trabajo' como el 'problema principal' que había detectado durante su investigación. Una tras otra, las intervenciones de todos los portavoces de la izquierda y del PP descalificaron su trabajo y se negaron a darle siquiera la consideración de informe. 'O no ha querido [investigar], o no ha podido, o no le han dejado', le espetó López Bulla. Ferrer i Gironès calificó el trabajo del síndico mayor de 'fiscalización virtual', Fabregat lo consideró 'frustrante' y Rañé le echó en cara la ocultación del caso Pallerols, apenas citado en el estudio. Los cuatro coincidieron en la necesidad de reclamar una ampliación del estudio, posibilidad que será votada el jueves.