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Trabajo expedienta a UGT por emplear sin contrato a sus abogados

La Inspección de Trabajo en Valencia ha levantado un acta de infracción a UGT por considerar que el sindicato ha mantenido a una veintena de sus abogados sin dar de alta en la Seguridad Social durante los últimos años. Fuentes de Trabajo han explicado que este proceder vulneraría las normas de la Seguridad Social y los derechos de los letrados como trabajadores. Un portavoz de la UGT dijo ayer que desconocía el expediente.

La investigación abierta por la Inspección de Trabajo contra UGT en Valencia ha motivado ya que este organismo haya cursado un acta de oficio a la Seguridad Social para que dé de alta a estos trabajadores como empleados del sindicato. La inscripción de los letrados en la Seguridad Social se ha producido en el régimen general. El expediente tramitado por la Inspección de Trabajo ha llegado a la conclusión de que los abogados han realizado durante años servicios a las órdenes de la organización sindical, pero sin contrato.

La Inspección reclama a UGT que pague los seguros sociales (las cotizaciones) de estos empleados correspondientes a las últimas cuatro anualidades. Trabajo ha impuesto también a la organización de trabajadores el pago de un recargo y de una multa. Hacer frente a estas obligaciones económicas supondrá para UGT el desembolso de unos 670.000 euros aproximadamente, unos 112 millones de pesetas. Fuentes ligadas al sindicato han explicado que la situación precaria de los abogados de Valencia se repite en el resto de ciudades de la Comunidad Valenciana.

Las diligencias de la Inspección se han concretado en la redacción de dos actas, una de infracción y otra de liquidación de cuotas, que ya habrían sido notificadas a responsables de UGT. Desde la secretaría de Comunicación e Imagen del sindicato manifestaron ayer que no tenían constancia de estas actuaciones.

Antes de adoptar estas resoluciones, la Inspección de Trabajo mantuvo entrevistas con cada uno de los veinte abogados adscritos a UGT en Valencia, a los que requirió para que aportasen documentación sobre su situación y condiciones laborales en la organización. Para los abogados y para Inspección, apoyados en jurisprudencia sobre la materia, habría quedado claro que entre estos letrados y el sindicato existía una relación laboral. Como consecuencia de estas conclusiones, se habrían redactado las referidas actas.

Desde la secretaría de imagen y comunicación de UGT en Valencia insistieron en la tarde de ayer, en dos ocasiones, en que 'no tenemos conocimiento de esto. No nos ha llegado comunicación de nada. Todo puede deberse a la rumorología en vísperas de la huelga general, ya que nos buscarán de todo'. Desde el mencionado departamento indicaron que el responsable de Acción Sindical de UGT, secretaría competente sobre el gabinete jurídico, se encontraba 'en una asamblea en Castellón'. UGT alegó también que no funcionaba su gabinete jurídico por ser la tarde del viernes, por lo que no era posible hablar con los letrados.

Las gestiones de la Inspección se han volcado en un expediente administrativo, en el que UGT puede atestiguar lo que estime pertinente en defensa de sus tesis. El asunto puede desembocar en los Juzgados de lo Social.

Un técnico de Trabajo, consultado sobre este asunto, ha precisado que el proceder de UGT, de ser confirmado por los tribunales si hubiera lugar, le habría reportado un ahorro millonario por no haber pagado los seguros sociales de estos trabajadores. Estos impagos, de continuar, habrían supuesto que estos letrados no tendrían derecho a cobrar pensiones de jubilación de la Seguridad Social una vez terminado su periodo activo. Tampoco estarían protegidos ante situaciones de desempleo o supuestos de accidentes o enfermedad.

Una gran parte de la actividad de los abogados sindicalistas se dedica a actuar contra las empresas precisamente por no tener dados de alta a sus empleados. Los impagos de las mercantiles de las cotizaciones de sus operarios a la Seguridad Social es otra de las vulneraciones especialmente perseguidas por las organizaciones sociales.

La situación de irregularidad de los abogados dentro de UGT se prolonga varios años, desde que la dirección de UGT-País Valenciano acaparó la responsabiliad sobre los servicios jurídicos en toda la Comunidad. Con anterioridad, los abogados dependían de cada unión provincial y su situación frente a la Seguridad Social estaba regularizada.

Un graduado social que prestaba servicios para UGT ya denunció al sindicato en Valencia por no estar amparado por el correspondiente contrato.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 8 de junio de 2002