El Consell tramita de urgencia la ley que evaluará y coordinará a las universidades

El Consell remitió ayer a las Cortes el anteproyecto de Ley de Creación del Consejo Valenciano de Universidades y de la Comisión Valenciana de Acreditación y Evaluación que 'coordinará' el sistema universitario, incluyendo la facultad de 'proponer los criterios comunes para establecer los procedimientos de admisión de estudiantes en las universidades públicas valencianas'. Con esta decisión, la Generalitat da un paso similar al anunciado por el Gobierno catalán en el sentido de tratar de garantizar cierta objetividad e igualdad de oportunidades en las pruebas de selección del alumnado, que la Ley Orgánica de Universidades (LOU) deja a la discrecionalidad de cada universidad al eliminar la selectividad en 2003.

El Consell justifica el trámite urgente para que la ley pueda entrar en vigor 'en septiembre, con el inicio del próximo curso'; el anteproyecto precisa que tendrá 'un plazo de seis meses'. Este margen le permite adecuarse a los ritmos del Ministerio de Educación -que espera tener el reglamento de ley orgánica y los criterios nacionales de habilitación y acreditación hacia el primer trimestre de 2003- favoreciendo un coordinado aplazamiento del polémico asunto de las nuevas contrataciones docentes previstas por la LOU, que suponen un sobrecoste a cargo de las autonomías.

Giro al modelo de Forner

Según el nuevo texto, la decisión de adoptar criterios homogéneos y, por tanto, de contemplar 'procedimientos de admisión comunes a las universidades públicas' deja en manos del futuro Consejo Valenciano de Universidades la adopción de 'criterios' que estarán, por tanto, consensuados con los miembros académicos y sociales que lo integran: los seis rectores de las universidades públicas y la privada, los presidentes de consejos sociales, cuatro vocales de la patronal y los sindicatos y tres estudiantes, además de vocales de representación social.

El anteproyecto incluye parte de las severas consideraciones del Consejo Jurídico Consultivo (CJC) contra la 'mayoría' del articulado del texto inicial remitido por la Dirección de Universidades. Entre ellas, se delimitará el perfil de los 16 catedráticos que integrarán la Comisión de Acreditación, eliminando el 'ambiguo' concepto de 'reconocido prestigio' y sustituyéndolo por 'funcionarios doctores de las universidades valencianas con cuatro evaluaciones favorables de su actividad docente y tres periodos de actividad investigadora reconocidos previo informe preceptivo', lo que añade transparencia al nombramiento. Otro giro es en materia de financiación, donde el director general de Universidades, Salvador Forner, cedía funciones a la Comisión de Acreditación que él preside, pero el CJC entiende que 'excede sus competencias' y las devuelve al Consejo de Universidades. Así, se elimina el párrafo 'fijará los objetivos de calidad a efectos de determinar la financiación de las universidades' y se sustituye por 'proponer indicadores a efectos de determinar la financiación'.