Los Verdes pide al Gobierno andaluz que eleve al fiscal el PGOU marbellí
La parlamentaria andaluza de Los Verdes, Inmaculada Gálvez, pedirá a la Junta de Andalucía que remita a la Fiscalía el texto refundido de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella, que considera 'una estafa'. Según Gálvez, el documento elaborado por el grupo GIL vulnera normas de rango constitucional, incurre en numerosas irregularidades e incluso en falsedad documental, y es nulo de pleno derecho.
La abogada presentó ayer ante la prensa las alegaciones de la agrupación ecologista al PGOU, que está en fase de exposición pública desde el 6 de mayo. Las objeciones de Los Verdes, inciden en la 'nulidad' del texto, que consideran arbitrario. Galvez insistió en la imposibilidad de aprobar un planeamiento basado en más de 500 convenios urbanísticos que investiga la Fiscalía General del Estado a instancias del Tribunal de Cuentas.
La letrada, que pidió que el documento se someta a la declaración de impacto ambiental, recordó las más de 79 licencias de obra impugnadas por la Junta y los 200 contenciosos planteados por particulares por actuaciones urbanísticas. También se quejó de que se haya mandado el PGOU a exposición pública 'cuando está ya ejecutado'.
'Proponemos que se anule este expediente, y si realmente el nuevo alcalde [Julián Muñoz] tiene ese carácter tan afable y honesto, que entregue el urbanismo a la Junta y se forme un equipo técnico para rehacer la ciudad bajo los principios de legalidad', dijo la letrada.
El presidente de la comunidad de propietarios de la urbanización Los Monteros, Javier Arzola, hizo un llamamiento a los vecinos para que revisen el texto refundido y presenten sus alegaciones o se sumen a las de Los Verdes antes de que expire el plazo fijado. Arzola calculó que el grupo GIL 'se ha llevado en comisiones entre 150.000 y 200.000 millones de pesetas' de los más de 500 convenios suscritos con particulares. De esta cantidad estimó que el pueblo de Marbella sólo se habría beneficiado de entre el 15 y el 20 % de los ingresos obtenidos por este mecanismo.
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