Nuevo aplazamiento del juicio del caso de la Fira de Teatre de Tàrrega

El juicio por los disturbios ocurridos en septiembre de 1991 durante la XI edición de la Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega (Urgell) fue suspendido ayer, por segunda vez en tres días, por incomparecencia de los 11 acusados de los delitos de lesiones, desórdenes públicos y atentado contra la autoridad. Ante este nuevo incidente, el titular del Juzgado de Lo Penal número 1 de Lleida, Antonio Robledo, suspendió la vista sin señalar otra fecha para su reanudación.

El magistrado acordó que la próxima vez los acusados sean conducidos por la fuerza pública. Las penas que se solicitan oscilan entre los seis meses y los cinco años de cárcel.

Después de 11 años de dilaciones inexplicables en la instrucción de la causa, de denuncias sobre irregularidades procesales y de diversos incidentes, el pleito parece haber entrado en una fase más teatral que judicial, convirtiéndose en un pulso entre el juez y la fiscal, de una parte, y los acusados de otra. Los acusados, el pasado martes, antes de iniciarse la primera sesión del juicio, presentaron una querella criminal contra el juez y la fiscal por prevaricación y obstrucción a la justicia y una recusación por 'enemistad manifiesta'. Por ello, se negaron a entrar voluntariamente en la sala y fueron introducidos a la fuerza por cuatro mossos. El mismo día, 38 de los 54 procesados decidieron aceptar la propuesta realizada por la fiscal de pagar una multa de 1.200 euros (unas 200.000 pesetas) y ahorrarse el juicio.

La vista oral que ya fue suspendida el martes tras plantear la defensa de los acusados nuevas cuestiones previas referidas a una posible nulidad de la causa, tampoco pudo continuar ayer con normalidad a la hora señalada porque, cuando el juez llamó a los acusados, ocho de ellos se encontraban en otra dependencia con su abogado defensor, Francesc Arnau. El motivo de esta ausencia fue que estaban recogiendo el auto dictado por la titular del Juzgado de Instrucción número 4 en el cual se inhibía de la querella y acordaba la remisión de las actuaciones a la Sala de lo Penal del TSJC.