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Los socialistas proponen un plan de 36 medidas para combatir la delincuencia

Con el lema Freno a la impunidad, prioridad por las víctimas: todos seguros, los socialistas propusieron ayer 36 medidas para luchar contra la inseguridad ciudadana. El PSPV abordó el asunto en unas jornadas en Castellón. La diputada autonómica Josefa Andrés destacó que desde julio la Comunidad Valenciana ha liderado el incremento en el número de delitos en España, con un 30%. Entre las medidas propuestas destacan los juicios rápidos, que se han reducido en un 47% desde su creación en 1992, un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, con objetivos y estrategias definidas, la elaboración de un programa de integración de inmigrantes, más coordinación entre policía nacional y Guardia Civil, crear comisarías en municipios y barrios de más de 30.000 habitantes, incrementar las plantillas y emprender un plan de inversiones a tres años para modernizar las infraestructuras policiales.

Mientras, el incremento de la inseguridad ciudadana en la provincia de Alicante ha llevado a los socialistas a llevar al Congreso una proposición no de ley para instar al Gobierno a reforzar 'sustancialmente' las plantillas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en el periodo estival, informa Rebeca Llorente. El PSPV atribuye el elevado número de delitos registrados en la provincia (cuatro veces más que la media nacional y el doble que la Comunidad Valenciana) a la 'insuficiente' plantilla policial. Frente a la postura del Gobierno, que considera 'muy poco significativo' el impacto de la disminución de efectivos policiales en el incremento de la delincuencia, los socialistas sostienen que Alicante sufre 'un agravio comparativo' con respecto al número de agentes asignado a otras provincias de similar población.

Por otra parte, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Valencia ha presentado ante la Fiscalía de Menores una denuncia ante la utilización de niños para la práctica de la mendicidad, informa Lydia Garrido. El escrito reclama que la Fiscalía, 'ante la inhibición de las administraciones que disponen de competencias para ello', adopte las 'medidas drásticas' necesarias para la protección efectiva de estos menores que ejercen la mendicidad.

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