El Parlamento expresa su 'repulsa' por las palabras de Merino sobre las políticas de empleo

La Comisión de Coordinación y Régimen de las Administraciones del Parlamento andaluz expresó ayer su 'repulsa' por unas afirmaciones del diputado en el Congreso Rafael Merino, del PP, sobre el traspaso de las políticas activas de empleo a la comunidad. Merino aseguró la semana pasada en el pleno del Congreso que 'si el Gobierno de la Junta fuera de otro color, se habría transferido' ya esta competencia a Andalucía. En una polémica reunión extraordinaria de esta comisión, el PP denunció 'indefensión' ya que ha habido un pronunciamiento institucional sobre un texto que su partido no había conocido con anterioridad y que requería unanimidad para ser aprobado.

Esta comisión parlamentaria se reunió ayer por la mañana para respaldar el pronunciamiento, elaborado por el PSOE y al que se sumaron finalmente IU y el grupo mixto, ya que el PA no estuvo presente.

El pronunciamiento de la comisión califica de 'gravísimas' las palabras del diputado del PP por Córdoba y exige una 'rectificación' del Gobierno, 'que debe aclarar si respalda y comparte tales afirmaciones' o si, por el contrario, 'las rechaza'. El pronunciamiento va a ser remitido al presidente del Gobierno, José María Aznar, y al portavoz del PP en el Congreso, Luis de Grandes.

Asimismo, la comisión pidió una 'rectificación' de Merino por tildar de 'ilegalidad' y 'atentado al Estado de Derecho' las iniciativas de la oposición que se debatían en el Congreso y en las que se instaba al Gobierno central a transferir las políticas activas de empleo a la comunidad.

El diputado del PP consideró que no es una competencia del Gobierno central sino que el traspaso debe surgir de un acuerdo de la comisión mixta entre las dos administraciones.

El pronunciamiento expresa la 'más firme repulsa' a las manifestaciones del diputado del PP sobre el 'color' político de la Junta, toda vez que está expresando 'que un derecho de esta comunidad, amparado en el bloque competencial del Estatuto de Autonomía, se condiciona y subordina a la discrecionalidad política del Gobierno central'. 'Quieren decir, simplemente, que si el pueblo andaluz votara de otra forma y si el Gobierno de la Junta fuera dócil ante el Gobierno central, entonces éste accedería graciosa y discrecionalmente a la transferencia de las políticas activas de empleo', indica.

El pronunciamiento concluye señalando que esas afirmaciones, 'gravísimas por sí mismas, al expresar una concepción preconstitucional y paternalista del Estado de Derecho, exigen, además, una rectificación del Gobierno, que debe aclarar si respalda y comparte tales afirmaciones o si, por el contrario, las rechaza'.

El portavoz del PP en la comisión Rafael Salas denunció la 'indefensión' de su grupo, ya que se procedió a un pronunciamiento institucional sobre un texto que su partido no había conocido con anterioridad y porque el reglamento de la Cámara expresa que los pronunciamientos institucionales requieren una votación, algo que no se hizo en este caso.

Las críticas del PP fueron rebatidas por el presidente de dicha comisión, Guillermo Gutiérrez (PSOE), quien aplicó el artículo 73.4 del reglamento de la Cámara, en el que se permite la posibilidad de tramitar 'por razones de urgencia' un determinado asunto, aunque no hubiera cumplido todavía los trámites reglamentarios.

Salas, que acusó al PSOE 'y sus comparsas' de promover un 'circo', consideró que la iniciativa nació viciada de origen desde el momento en que se tramitó en la Junta de Portavoces sin que previamente pasara por la Mesa de la Cámara, y acusó al presidente del Parlamento, Javier Torres Vela, de haber sido 'incapaz' de actuar en este asunto de manera 'neutral'.

El portavoz parlamentario del PSOE, José Caballos, justificó cada uno de los pasos dados por los órganos parlamentarios hasta llegar a la reunión de la comisión, y criticó que el PP supiera 'desde el primero momento' que ayer habría un pronunciamiento y, no obstante, no elaborara un texto alternativo al que se iba a aprobar.

'Precedentes'

Señaló que existe 'un montón de precedentes' de iniciativas de este tipo y añadió que era necesario que el Parlamento andaluz diera respuesta a unas declaraciones 'aberrantes y escandalosas' de Merino, del que dijo que 'no es un chivo expiatorio sino la muestra de cuál es el pensamiento del Gobierno y el PP sobre este asunto'.

Por su parte, el portavoz de IU, Antonio Romero, aseguró que las palabras del diputado nacional del PP han 'atacado a la dignidad' de Andalucía, e incluso llegó a calificar la actitud del parlamentario cordobés de 'racismo político'.

Ricardo Chamorro, del grupo mixto, que tildó de 'incomprensible' la actitud del PP y del Gobierno ante las políticas activas de empleo, señaló que el Ejecutivo central lleva muchos años con un 'ensañamiento' hacia la comunidad andaluza en este asunto.