El recelo ciudadano frena el plan de antenas de telefonía

Las compañías sólo han podido instalar la mitad de las antenas previstas para 2001. El despliegue de la red UMTS está en peligro y 5.000 antenas corren riesgo de ser desmanteladas. Las operadoras se encuentran en serios apuros para mantener su red de antenas. La alarma social causada por su presunta nocividad ha originado la proliferación de normativas (estatales, autonómicas y municipales) divergentes o incluso contradictorias que dificultan la instalación de nuevas estaciones.

'La situación es muy seria', afirmaba el consejero delegado de Vodafone, John de Wit, la pasada semana en el Congreso. 'Si se sigue adelante con la implantación de determinadas ordenanzas, habrá municipios que se quedarán sin cobertura', señaló Belarmino García, consejero delegado de Amena.

Las tres compañías de telefonía instalaron el año pasado el 42,5% de las antenas que tenían proyectadas, según los representantes del sector. 'El despliegue se ha frenado radicalmente', según Berlamino García, una situación 'de parálisis sin parangón en nuestro entorno. Está resultando imposible conseguir algunas licencias', según el directivo de Amena.

Un total de 41 municipios de la Comunidad Valenciana, Valencia capital entre ellos, bloquearon el año pasado la concesión de licencias. Paterna (54.7000 habitantes) no concedió ninguna licencia en 2001. Actualmente tramita varias conforme a una ordenanza aprobada a principios de año, más restrictiva que el Real Decreto de septiembre que lo regula en el ámbito nacional.

Ante esta situación, los consejeros delegados de las tres operadoras se presentaron la semana pasada, por voluntad propia, ante la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso 'para ofrecer a voces su colaboración', en palabras de una diputada, para pedir una normativa homogénea nacional. Una legislación 'lo más clara, coherente y armonizada posible', según Javier Aguilera, consejero delegado de Telefónica. '¿Qué van a pensar los ciudadanos cuando tienen normativas diversas e incluso opuestas?', dejaba en el aire.

Castilla León, Castilla-La Mancha, Cataluña y Navarra (en trámite) tienen normas propias, en algunos casos más estrictas que la del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Castilla-La Mancha establece unos niveles para las radiaciones electromagnéticas entre 40 y 80 veces más bajos que el Ministerio. La ley 'se aprobó como consecuencia de una demanda social a la que el Estado no respondió adecuadamente', explica Luis Herrera, Director de Telecomunicaciones en la comunidad.

Unas 5.000 antenas, de las 30.000 instaladas, corren el riesgo de ser desmanteladas, según las operadoras. Montar una nueva es difícil: sólo dos de cada 10 contratos que se proponen a comunidades vecinales son rubricados, algunos de los cuales son anulados posteriormente por los tribunales, como en Erandio, Madrid y Hospitalet de Llobregat.

El consejero delegado de Vodafone, John de Wit, anunció una de las áreas en las que el problema puede ser grave: la red de telefonía móvil de tercera generación (UMTS). 'El futuro próximo es el matrimonio de Internet y las comunicaciones móviles', en opinión de De Wit. 'No habrá acceso a Internet móvil sin infraestructuras y sin antenas'. La tecnología UMTS requiere un nuevo despliegue de antenas, tres veces más que las 30.000 actuales.

Para desplegarlas tendrán que lidiar con los representantes de municipios y comunidades autónomas, cuya reacción era explicada por un diputado: 'El alcalde se debe a la opinión pública, no a un empresario'.