Argentina frena por decreto el rescate de los depósitos bancarios
El Gobierno argentino se ha enzarzado en una áspera polémica por su decisión de paralizar los fallos judiciales que permiten rescatar los millonarios fondos retenidos en los bancos bajo las severas restricciones financieras vigentes desde diciembre en el país. El Ejecutivo se disponía ayer a firmar en las próximas horas un decreto para que pasen directamente a manos de la Corte Suprema de Justicia unos 160.000 recursos de amparo presentados en los juzgados contra el impopular corralito, como se llama a las restricciones bancarias.
Las autoridades justifican la medida en el hecho ...
El Gobierno argentino se ha enzarzado en una áspera polémica por su decisión de paralizar los fallos judiciales que permiten rescatar los millonarios fondos retenidos en los bancos bajo las severas restricciones financieras vigentes desde diciembre en el país. El Ejecutivo se disponía ayer a firmar en las próximas horas un decreto para que pasen directamente a manos de la Corte Suprema de Justicia unos 160.000 recursos de amparo presentados en los juzgados contra el impopular corralito, como se llama a las restricciones bancarias.
Las autoridades justifican la medida en el hecho de que el sistema bancario corre 'un grave riesgo', mientras que juristas y abogados rechazaron la 'intromisión' del Gobierno en las decisiones del poder judicial. El Ejecutivo quiere que las decisiones sobre las restricciones bancarias tomadas en los tribunales de primera instancia queden en suspenso y que los bancos puedan apelar los recursos que ya se han dictado en favor de los ciudadanos que acudieron a la justicia para recuperar sus ahorros.
El viceministro de Economía, Jorge Todesca, subrayó que el decreto busca frenar una 'sangría' de fondos de los bancos que pone en peligro el plan económico en vigor para salir de la grave crisis del país. El Gobierno anticipó el 'tortuoso camino legal' para los que pretenden recuperar su dinero por la vía judicial. Señaló que el 15% de los ahorradores son quienes apelan a la justicia para recuperar su dinero, lo cual ha 'puesto en peligro' al 85% restante.
El jurista Daniel Sabsay subrayó que el plan del Gobierno 'no se sostiene desde el punto de vista constitucional', mientras el Defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, aseguró que el decreto que prepara 'violenta todas las normas de la propiedad privada'.