CONSEJO DE MINISTROS

El Gobierno recurre la ley de radiocomunicación de Bono ante el Constitucional

El Consejo de Ministros acordó ayer interponer recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos de la ley autonómica que ordena las instalaciones de radiocomunicación en Castilla-La Mancha, cuyo Ejecutivo preside el socialista José Bono. El Gobierno entiende que la gestión de los servicios aeronáuticos relacionados con el control del espacio aéreo y con el tránsito y transporte aéreos corresponde a la Administración General del Estado y que constituye una vulneración de la competencia estatal la normativa sobre el uso compartido de infraestructuras de telecomunicaciones.

Uno de los motivos del recurso es la exigencia a los operadores de radiocomunicaciones para que 'incorporen las mejoras tecnológicas que vayan apareciendo y que contribuyan a reducir los niveles de emisión de los sistemas radiantes' y para que revisen anualmente sus instalaciones. El Gobierno entiende que la comunidad autónoma no es competente para imponer esa obligación.

Plan Nacional de Regadíos. El Gobierno aprobó el Plan Nacional de Regadíos mediante el que se prevé una inversión de 5.024,57 millones de euros hasta 2008 con el objetivo de articular la modernización, ordenación y fomento de los regadíos españoles. El Plan prevé actuaciones en una superficie de 1.377.682 hectáreas, de las cuales un total de 1.134.891 hectáreas corresponden a la mejora y consolidación.

Crédito para las indemnizaciones de Tous. El Consejo de Ministros remite a las Cortes un proyecto de ley por el que se concede un crédito extraordinario de 4.648.055 euros para el pago de indemnizaciones derivadas del cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en 1997 por los daños ocasionados por la rotura de la presa de Tous en 1982.

Mejora de carreteras en Aragón, Valencia y Castilla-La Mancha. La Jefatura Central de Tráfico suscribirá convenios de colaboración con las once diputaciones provinciales de las comunidades autónomas de Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, para realizar obras de mejora en carreteras cuya titularidad corresponde a esas instituciones. El presupuesto es de 19.833.399,30 euros en tres años, de los que el Gobierno invertirá la mitad y el resto las once diputaciones.

Nombramientos. Francisco Camps Ortiz, delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana; Rafael Lapique Dobarro, almirante jefe de personal de la Armada; Vicente Forteza del Rey Morales, director general de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, y Luis Manuel López Sanz-Aranguez, fiscal del Tribunal Supremo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del viernes, 05 de abril de 2002.

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