Anulada la videoconferencia en los juicios penales tres meses después de implantarse

El 4 de diciembre, el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, hablaba por videoconferencia con la prisión de Soto del Real. La semana pasada, Cardenal lo prohibió.

En aquella ocasión Cardenal acompañaba al ministro Ángel Acebes en el acto oficial para presentar el Plan de Implantación del Sistema de Videoconferencias para la Administración de Justicia.

El plan, según el ministro, iba a comportar 'enormes ventajas', como el ahorro del pago de dietas a peritos y testigos, y todo lo referente a los gastos de custodia y traslado de presos, así como un descenso en los costes que suponen las comparecencias como testigos de policías destinados a lugares distintos a aquel en el que se celebra el procedimiento. Sólo en el traslado de presos se pierden al año 700.000 horas, y ocupa a unos 800 policías.

El Plan de Modernización de la Justicia tiene un presupuesto de 36 millones de euros (unos 6.000 millones de pesetas), más 3,6 millones para informatizar los registros. Según el ministro, con la videoconferencia ya no se tendrían que desplazar las personas para testificar en juicios de otras comunidades autónomas.

La pasada semana, el fiscal del Estado envió una instrucción a todas las fiscalías de España en la que recuerda que en el actual sistema legislativo 'no cabe la celebración de juicios orales en materia penal a través de videoconferencia'.

Cardenal ordena que el fiscal citado para 'la celebración de uno de esos juicios orales 'virtuales' deberá oponerse motivadamente a su celebración... por carecer hoy por hoy de las garantías necesarias para el debido respeto a los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución'. Cardenal exceptúa el testimonio de peritos de otros países de la UE o el envío de material 'telemático'.

El escrito de Cardenal llega tres meses después de que él mismo participara en la presentación de la conferencia y después también de muchos juicios celebrados ya en España con el uso de la videoconferencia para diferentes procedimientos penales.

Cardenal arguye que la celebración de juicios orales por medios virtuales 'no se encuentra prevista en ningún país de la Unión Europea'. Sin embargo, en Inglaterra, Italia y Bélgica sí se emplea la videoconferencia en determinados supuestos.