Reportaje:CRÓNICA EN VERDE

Epidemia de asfalto

Los ecologistas tratan de salvar las 26.000 hectáreas arboladas de Córdoba capital

La capital cordobesa tiene la suerte de levantarse en las mismas faldas de Sierra Morena. La ventaja de esta ubicación es la cercanía de espacios naturales que brindan sosiego a los habitantes de la urbe, pero, al mismo tiempo, un sencillo acceso ha convertido estos parajes serranos en presa fácil de las urbanizaciones ilegales.

De las 26.000 hectáreas arboladas del término municipal, la práctica totalidad se encuentran en esta franja que popularmente se conoce como Sierra de Córdoba. Junto al Guadalquivir, y los sotos que lo salpican a su paso por el casco histórico, es el principal activo ambiental de la ciudad y, sin embargo, se encuentra desprotegido.

Cerca de 50 parcelaciones ilegales, en las que se han edificado alrededor de 3.000 viviendas, han devorado ya parte de estos terrenos silvestres, causando un fuerte impacto paisajístico y una grave deforestación. El riesgo de incendios, causados por negligencias o claramente intencionados, se multiplica en estas zonas de urbanización irregular, convertidas, asimismo, en un foco de residuos domésticos que no siempre se eliminan de forma decuada.

La vereda del Pretorio, una vía pecuaria trazada en época romana, permite recorrer algunos de estos parajes serranos sin recurrir a los vehículos a motor. Este es uno de los viejos caminos que vienen sufriendo un importante deterioro, como ocurre con la mayoría de las vías pecuarias que no se han deslindado. La vereda se utiliza como vertedero y escombrera de algunas de esas urbanizaciones ilegales, y de poco parecen haber servido las campañas de limpieza que han llevado a cabo voluntarios de Ecologistas en Acción, en alguna de las cuales se han llegado a recoger hasta 700 kilos de basura.

Diferentes infraestructuras, ejecutadas durante los últimos años, como el gaseoducto que se encamina hacia la meseta castellana, han dejado también cicatrices. Los ecologistas se muestran ahora preocupados por el proyecto de vía férrea que unirá la capital con Almorchón y, sobre todo, por la variante de la nacional 432 (trayecto Córdoba-Cerro Muriano) que ya está en ejecución a pesar de que su trazado, y los daños que éste ha ocasionado en zonas forestales, han sido muy discutidos. En ambos casos, denuncia Ecologistas en Acción, 'se trata de obras que se han vendido a la opinión pública como indispensables para la sociedad civil, cuando realmente son dos infraestructuras que responden a intereses estratégicos de carácter militar'.

Los espacios mejor conservados sufren una notable presión recreativa. La demanda de ocio apenas puede ser atendida por el Parque Periurbano de Los Villares, creado en 1990, que en el deterioro de algunos de sus equipamientos muestra el notable volumen de visitantes que recibe. A juicio de Ecologistas en Acción son más de 350.000 las personas que buscan esparcimiento en el cinturón verde de la ciudad. Las actividades lúdicas se concentran en periodos del año muy concretos y en zonas reducidas, algunas de ellas de gran valor ecológico como el río Guadiato y sus tributarios.

Tratando de frenar el impacto de todos estos usos y ordenar las áreas naturales que rodean a la capital, los ecologistas han iniciado una ambiciosa campaña de sensibilización. Entre otras iniciativas, y aprovechando que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana contempla el diseño de medidas orientadas a conservar este patrimonio, han propuesto la creación de una anillo periférico compuesto por grandes espacios abiertos y zonas verdes, que actuaría como 'zona colchón' capaz de absorber parte de la presión que hoy reciben los terrenos más sensibles.

Al Parque de Los Villares habría que sumar nuevos espacios de ocio, que los ecologistas sitúan, entre otras, en las zonas del Patriarca, Asomadilla y Miraflores. 'En definitiva', explican, 'se trataría de crear una red de espacios y equipamientos de uso público convenientemente diseminados por la sierra, vertebrados por las vías pecuarias y los caminos vecinales'.

Al mismo tiempo, debería otorgarse alguna figura de protección, como podría ser la de monumento natural o paisaje protegido, a aquellos enclaves más valiosos y frágiles, como los arroyos del Bejarano, el Molino o Don Lucas, los Baños de Popea, Castro y Picón y Valdejetas.

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Naturaleza en retirada

El paisaje del entorno natural y rural de las grandes ciudades ha sufrido una profunda modificación a lo largo de la historia. Este cinturón, en el que conviven la vegetación natural y los cultivos tradicionales, se mantuvo más o menos intacto hasta hace dos siglos. Entonces las urbes crecían muy lentamente y la ingeniería no podía resolver los problemas que imponían algunos obstáculos naturales, como terrenos de fuerte pendiente o inundables. Asimismo, los habitantes de las ciudades dependían para su subsistencia de las producciones agrícolas y ganaderas que se disponían en su entorno. Por último, la vegetación natural que crecía alrededor de la urbe suavizaba los rigores del verano y las clases privilegiadas construían allí sus residencias de recreo. Este equilibrio se rompió en la segunda mitad del siglo XX, cuando el crecimiento urbanístico en las periferias se multiplicó, pero lo hizo arrasando los valores naturales existentes, sin crear un orden paisajístico. Los espacios más afectados fueron las vegas y los montes próximos a las ciudades, con microclimas y panorámicas privilegiadas. Así ocurrió en Córdoba, Sevilla o Granada, que hoy muestran los efectos de este proceso. El fenómeno de la segunda residencia ilegal vino a complicar aún más este panorama. Las promociones irregulares se valoran como muy rentables, percepción que comparten vendedores y compradores. Los primeros esperan obtener un beneficio extraordinario de suelos rústicos de escaso aprovechamiento, y los segundos pueden acceder a una vivienda en mejores condiciones de lo que se oferta en el mercado legal. También influye el convencimiento, muy arraigado, de que, al final, las irregularidades se resuelven y, mientras tanto, no hay que temer ningún tipo de sanción, entre otros motivos por la gran descoordinación que existe entre las diferentes administraciones.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0024, 24 de febrero de 2002.