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Las chispas del sector eléctrico

¿Qué pasa con el sector eléctrico? ¿Por qué aparecen tantos problemas de suministro y se manifiestan tantas quejas de los usuarios? ¿Se trata de un problema nuevo o más bien es el resultado de algunos errores cometidos en el pasado? Intentaré contestar a estas preguntas, consciente de que el espacio limitado de unas pocas líneas me obliga a una cierta simplificación.

- Causas de la situación. Considero que las principales causas de la falta de calidad del servicio eléctrico en Cataluña son tres: el modelo de liberalización, la cultura monopolista de la empresa eléctrica y la falta de una política energética coherente por parte del Gobierno de la Generalitat.

En 1996, la UE aprueba la directiva comunitaria que establece el nuevo marco regulador del sector para los países europeos, con un periodo transitorio de aplicación progresiva hasta el 2007. La Ley del Sector Eléctrico de 1997 es la transposición de la directiva comunitaria al derecho español.

La ley eléctrica se marcaba tres objetivos: garantizar el suministro de los clientes, garantizar la calidad del suministro y garantizar el menor coste posible. Tres garantías que en parte no se estarían cumpliendo y que, en algunos casos, podrían estar en grave riesgo según las previsiones de consumo de los próximos 10 años. En Cataluña, sobre todo después de los apagones de finales de año, se ha generalizado la opinión de que las cosas no se han hecho bien y que es preciso rectificar.

Con la ley eléctrica de 1997 se separan jurídicamente las funciones de producción, transporte, distribución y comercialización, que serán realizadas por distintas compañías. Se liberaliza la producción y parcialmente la comercialización mediante un calendario progresivo, pero no así el transporte y la distribución. Primer problema: se permite la integración vertical. El mismo grupo empresarial dispone de una filial de generación, otra de distribución y otra de comercialización. Jurídicamente distintas, pero formando parte del mismo grupo empresarial.

- Segundo problema: En España, las dos primeras empresas eléctricas concentran alrededor del 80% de la generación, la distribución y la comercialización. ¿Es posible un auténtico mercado de oferta con la posición de dominio que permiten los dos problemas anteriores?

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- Tercer problema: Las empresas eléctricas deciden estrategias de diversificación empresarial que orientan sus inversiones hacia otros sectores -telecomunicación- y hacia otros territorios -primero Suramérica y después Europa- en detrimento de las necesarias inversiones del negocio eléctrico en España. La misma presión por la rentabilidad a corto plazo mueve a decisiones organizativas -prejubilaciones, subcontratación sistemática del mantenimiento, etcétera- que penalizan la calidad del servicio. La consigna todo el poder para el accionista sustituye al necesario predominio de la satisfacción del cliente, como premisa de todo servicio.

Vayamos con la segunda causa, la cultura monopolista imperante en este sector. Cien años de monopolio natural dejan un poso denso y compacto difícil de remover, aun en el supuesto de una cúpula dirigente dispuesta a encabezar el cambio cultural. ¿Es razonable tal supuesto a la vista de algunas actitudes recientes?

Encabezar el cambio cultural de una organización amplia y compleja es una de las tareas más difíciles de la gestión empresarial. Pasar de la cultura de un monopolio a la de una organización en competencia requiere un liderazgo fuerte y años de aplicar una gestión orientada al cliente en un entorno competitivo. En caso contrario, seguiremos tratando al cliente como abonado.

- Tercera causa: Un gobierno sin política energética y dependiente de la empresa eléctrica. Después de una primera etapa -década de 1980- con un Gobierno de la Generalitat con ganas de hacer cosas nuevas, en la que se crea el Instituto Catalán de la Energía (Icaen), que impulsa políticas de ahorro y de diversificación energética, entramos en un período de ensimismamiento, de anar fent, sin ideas para afrontar los retos que plantean una sociedad más exigente y una economía más competitiva.

A la vista de la evolución del consumo durante los últimos años, debido en parte a la falta de políticas de ahorro y de gestión de la demanda, las inversiones realizadas han sido claramente insuficientes. Las necesidades de las empresas, con equipos cada vez más avanzados, requerían un suministro eléctrico más estable y unas orientaciones claras sobre los sistemas de estabilización que se debe utilizar. Una población con mayor sensibilidad hacia la calidad del servicio y las garantías de seguridad precisaba de unos mecanismos de comunicación más sensibles a estas nuevas demandas sociales.

Todo ello ha fallado durante los últimos años. La Generalitat acordó unas inversiones de 17.000 millones de pesetas anuales durante el periodo 1995-1998. A finales de 1998, se firmó un protocolo de acuerdo, para el periodo 1999-2002, que establecía un objetivo de inversión de 22.000 millones de pesetas anuales. Recientemente, según el Plan de la Energía con el horizonte del año 2010 aprobado por el Gobierno de la Generalitat, harían falta 48.000 millones de pesetas (288,5 millones de euros) anuales de inversión durante el decenio 2001-2010. ¿Cuáles son las necesidades reales?, ¿qué pasará durante los años 2002 y 2003 de vigencia del citado protocolo?

Estamos a tiempo de rectificar si somos capaces de acordar un conjunto de medidas orientadas a hacer frente a los problemas de fondo. El recurso a las sanciones como alimento mediático no resuelve nada y sólo pone de manifiesto la propia debilidad de un Gobierno que parece que no sabe cómo resolver un problema clave para el país. Las gesticulaciones excesivas de última hora no borran años de connivencia con quien, al fin y al cabo, se ha limitado a cumplir los acuerdos firmados por ambas partes.

Miquel Barceló es diputado en el Parlament de Catalunya por el Grupo Socialista-Ciutadans pel Canvi.

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