El juez remite a la Audiencia Nacional el caso por el incidente de la FSP-UGT en un pleno de las Cortes

Los nueve miembros de la Federación de Servicios Públicos (FSP) del sindicato UGT que el 21 de noviembre de 2000 desplegaron una pancarta reivindicando mejoras salariales en una sesión de las Cortes y que por ello fueron acusados de atentar contra altas instituciones del Estado serán juzgados en la Audiencia Nacional si este órgano judicial acepta el caso, que el titular del Juzgado de lo Penal número 12 de Valencia decidió remitirle ayer.

El magistrado respondió con ello a la petición fiscal sin considerar los argumentos que en la vista expuso el abogado de los acusados. El informe de la Fiscalía General del Estado determinó el destino de la causa, aunque la FSP-UGT anunció ayer recurso al auto. El fiscal del caso calificó los hechos de posible delito contra las altas instituciones del Estado, que recoge el artículo 489.2 del Código Penal, y de falta de orden público, según el artículo 634. 'La cuestión clave' , explica el magistrado en el auto, 'es interpretar el concepto aplicable en este caso de altos organismos de la nación y si tal calificación se puede dar a la Asamblea Legislativa de la Comunidad'. La fiscalía reiteró en la vista que las Cortes son un alto organismo del Estado y que, por tanto, la competencia para juzgar los hechos es de la Audiencia Nacional. La defensa, en cambio, defendió que 'es un problema de interpretación' y argumentó que la ley se refiere a la corona, el consorte y altos organismos 'entendiendo por ello al Congreso y al Senado, que son de ámbito nacional'. Pero el magistrado, amparándose en la Constitución, considera en el auto que las Cortes Valencianas son un alto organismo del Estado por su capacidad legislativa. Los acusados, que contaron con el apoyo de más de 200 personas concentradas a las puertas de los juzgados, recibieron con indignación la decisión.

Luis Lozano, secretario general de la FSP-UGT, calificó el auto de 'vergonzoso, nunca ha pasado algo tan extremo y sin sentido'. Rafael Recuenco, secretario general de UGT-PV afirmó que 'el fallo refleja la torpe actitud del PP, que quiere escarmentar al movimiento sindical'. Y el secretario general de la Federación de Enseñanza de UGT, Gonzalo Castillo, manifestó que 'la Justicia no ha actuado con independencia cuando deberían mostrar a la sociedad que es un poder autónomo'. Joan Ignasi Pla, secretario general del PSPV, manifestó su respeto a la decisión judicial pero insistió en la 'actuación desmesurada que la presidenta de las Cortes, Marcela Miró, ha tenido respecto a estos incidentes'.