Obras Públicas trata de agilizar el desarrollo del transporte público metropolitano con una ley

La consejera de Obras Públicas de la Junta, Concepción Gutiérrez, presentó ayer en Málaga el anteproyecto de la Ley de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, con la que se pretende garantizar un sistema 'seguro y fiable' de transporte público que cubra las necesidades de las grandes áreas metropolitanas. En la futura ley, la Junta se reserva las competencias de coordinación de este tipo de transporte, pero 'favoreciendo la participación de las distintas administraciones públicas'.

El texto del anteproyecto se someterá ahora al examen y a las consideraciones de todos los organismos e instituciones implicados en el sector. Gutiérrez espera alcanzar 'el consenso más amplio posible' para una ley que espera poder elevar al Parlamento Autonómico el próximo otoño.

La consejera explicó que se trata de 'una regulación necesaria, porque en los últimos años el aumento espectacular de los núcleos urbanos ha llevado a la constitución de grandes áreas metropolitanas, y la falta de una infraestructura adecuada de transporte público ha llevado a que en la última década el uso del transporte público descienda del 40% a algo más del 20%'.

Cuatro grandes áreas

Actualmente existen en Andalucía cuatro grandes áreas metropolitanas. La mayor es la de Sevilla, con 1.084.430 habitantes repartidos en 22 municipios, y que registra una media de 2.230.000 desplazamientos diarios (1.310.000 viajes mecanizados). En esta zona, los desplazamientos en medios de transporte públicos alcanzan el 28%.

En el área metropolitana de Málaga, que incluye 12 municipios con un total de 762.955 habitantes, el uso del transporte público alcanza sólo el 22% de los viajes diarios, que suman 1.700.000 (890.000 viajes mecanizados). Un punto más bajo aún (21%) es el porcentaje de uso de medios públicos de desplazamiento en el área metropolitana de Bahía de Cádiz-Jerez, donde se registran 1.100.000 viajes diarios (600.000 mecanizados) por parte de los 596.000 habitantes de los siete municipios que la integran.

Por último, en el área de Granada, menos populosa (415.000 residentes en 32 municipios), sólo el 23% de los 1.210.000 viajes diarios (620.000 mecanizados) se realiza en transportes públicos.

En estas cuatro áreas ya se están llevando a cabo intentos de coordinación entre las distintas administraciones para la creación y gestión de una red adecuada para las necesidades de movilidad de sus habitantes.

'Se trata de complementar los servicios que ya existen con un sentido de capilaridad, esto es, que desde cualquier punto se pueda acceder utilizando el transporte público a otro punto y, sobre todo, de otorgar rango legal a este transporte y que la Junta asuma las competencias de coordinación del mismo y de impulso de nuevos medios de transporte, como el metro ligero', explicó Gutiérrez.

Hasta ahora, el único consorcio de gestión de transporte metropolitano que se ha consolidado es el de Sevilla. Granada, Cádiz y Málaga aún están en proceso de constitución, debido a la falta de unanimidad de criterio entre las distintas entidades representadas. Gutiérrez cree que esta nueva ley permitirá superar estos problemas. 'Una vez que la ley entre en vigor, los ayuntamientos tendrán que asumirla, pero no se trata de forzar a nadie. Si la labor de coordinación de la Junta está reconocida por el Consejo de Gobierno y por la ley, se podrán resolver algunos problemas', dijo.

De hecho, en la ley la administración autonómica se reserva importantes márgenes de decisión, como la declaración de zonas de interés metropolitano o la gestión de las infraestructuras de transporte declaradas de interés metropolitano.

Regulación de los taxis

La futura ley también prevé regular la prestación de servicios de los taxis en estas grandes zonas urbanas, estableciendo áreas de prestación conjunta en las que se podrán hacer servicios urbanos o interurbanos con origen y destino en cualquiera de los municipios de la zona. Sí se respeta la facultad de los ayuntamientos para conceder las licencias de taxis, igual que la competencia sobre el transporte público urbano. Con el desarrollo de esta ley la Junta espera poder volver a elevar el uso del transporte público en estas áreas hasta el 40%.