La ley de firma digital abre el camino hacia el futuro DNI electrónico
España tomó la iniciativa. Pasó por delante de la Unión Europea e incluso de Estados Unidos para aprobar con urgencia un decreto ley de firma electrónica. Era septiembre de 1999. Dos años y tres meses después, el Gobierno ha reformado ciertos aspectos del texto y lo envía al Parlamento para tramitarlo como ley. Dos años y tres meses después, la firma electrónica, ese sello que otorga reconocimiento jurídico a las personas que operan en Internet, sigue siendo un tema incipiente. El borrador de anteproyecto de ley de firma electrónica se presentó en el último Consejo de Ministros del año 2001, el 27 diciembre.
'La novedad de este texto radica en que crea un marco legal para el desarrollo del DNI electrónico. La firma es un elemento de seguridad en Internet. El DNI electrónico tiene que acreditar, como el físico, la identidad de una persona en la red. Ése es un primer peldaño; pero luego se realizan actividades en Internet que requieren otro tipo de certificados. Se trata de otorgar distintos grados de seguridad a distintas actividades', explica Borja Adsuara, director general para el Desarrollo de la Sociedad de la Información.
El borrador regula el DNI electrónico como una tarjeta equivalente al documento de identidad actual, que incorporará firma electrónica y podrá ser utilizada en las relaciones con cualquier Administración Pública y con particulares y empresas.
Autoridades como CERES, Feste, ACE o Camerfirma han expresado su satisfacción por la inclusión del DNI. 'Es importante porque se ofrece un marco legal específico para el DNI; no puede ser una más. Tiene que ser la firma electrónica para la Administración', dice Sergio Ramón Ruiz Mahíllo, de CERES, autoridad pública de certificación.
'¿Cuántos certificados necesitas?', se pregunta Mahíllo. 'Yo quiero una cartera con una sola tarjeta para mi relación con la Administración'. Para Ignacio Alamillo, de la Agencia de Certificación Electrónica (ACE), 'la inclusión del DNI supone el fomento de nuestra actividad como autoridades certificadoras'.
