Los fiscales de menores recibieron en 2001 el triple de asuntos previstos

Los 12 fiscales de menores de Madrid asumieron en 2001 'casi el triple de asuntos de los que estableció el Ministerio de Justicia como módulo máximo de carga de trabajo para Madrid' cuando entró en vigor, el pasado 13 de enero, la nueva Ley Penal del Menor, según fuentes jurídicas relacionadas con la fiscalía.

Estas fuentes contestan así a la información de la Consejería de Servicios Sociales, publicada ayer en este periódico, según la cual la Fiscalía de Menores ha dejado sin resolver el 85% de los 12.000 asuntos sobre menores infractores que recibió durante el primer año de vigencia de la ley. 'Casi se ha triplicado el número de asuntos máximo previsto por Justicia, que era de 460 para cada uno de los 12 fiscales; y 450 para cada uno de los seis jueces de menores'. 'Que haya 12.000 asuntos pendientes', aseguran estas fuentes, 'demuestra que teníamos razón cuando hace un año denunciamos que los medios con que había dotado Justicia a la fiscalía eran claramente insuficientes para abordar la avalancha de asuntos que iban a llegar a la fiscalía'.

'Tres meses de obras'

En la fiscalía ha molestado que desde Servicios Sociales se deje entrever cierta desidia a la hora de resolver los asuntos sobre menores. 'No es verdad; pese a la falta de medios, todos los fiscales y funcionarios han trabajado muy por encima de sus posibilidades', señalan los citados medios. 'El nuevo edificio de la Fiscalía de Menores, en la calle de Bambú, estuvo en obras durante los tres meses siguientes a la entrada en vigor de la ley; el personal interino que se asignó a la fiscalía no tenía ninguna experiencia y ni siquiera conocía el programa informático implantado. Y, además, cinco de los siete fiscales que se incorporaron a la sección eran sustitutos, y los otros dos no tenían ninguna experiencia en esta materia', añaden.

'Tampoco se puede olvidar', añaden estas fuentes, 'que la fiscalía tuvo que asumir en aquellas fechas 2.000 expedientes de menores que habían sido condenados en los juzgados de lo penal por haber cometido el delito cuando tenían entre 16 y 17 años'. La nueva ley elevó a 18 años la edad penal del menor.

La directora del Instituto Madrileño del Menor y la Familia, Esperanza García, declaró que el atasco de la fiscalía 'ha desvirtuado los aspectos más educativos de la ley, que es buena'. Y pone como ejemplo que, 'respecto al año pasado, se han multiplicado por cuatro los internamientos cautelares (pendientes de juicio) en reformatorios, pasando de 33 a 112, y, sin embargo, sólo se han dictado 410 medidas de reparación extrajudicial frente a las 1.104 de 2.000', informa Begoña Aguirre.

Fuentes jurídicas replican: 'Casi el 40% de las soluciones extrajudiciales son imputables a la Comunidad; si hay retrasos, algo tendría que decir ésta'. Otra de las vicisitudes de los fiscales han sido las demoras 'de meses' a la hora de designar a abogados de oficio para los menores.