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Reportaje:

Pena de banquillo para un policía

Una sentencia absolutoria cierra el caso del ex comisario de Granollers, detenido en 1994 por favorecer la prostitución y revelar secretos

¿Hay algo peor que ir a la cárcel por un delito que no se cometió? Posiblemente sí. Acabar entre rejas siendo comisario de policía y acusado de trapichear con prostitutas y de revelar secretos profesionales. La historia es verídica y tiene nombres y apellidos: Antonio Galiano Gómez, de 51 años, hijo de Antonio y de María Cruz. De profesión, comisario de policía en Granollers desde 1990.

El inicio de la historia puede situarse en el 6 de junio de 1994, cuando los compañeros de Galiano le detuvieron por decisión del Juzgado de Instrucción número 7 de Terrassa. La orden la firmó el magistrado José Grau Gassó. Con él también acabaron en el calabozo tres agentes que estaban a sus órdenes. Dos días después, ingresaron en prisión.

Antonio Galiano pasó 40 días en prisión y cuatro años suspendido de empleo y sueldo
El agente reingresó en el cuerpo en 1998, pero la sentencia ha tardado siete años en llegar
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Se les acusaba de prevaricación y favorecimiento de la prostitución. No sólo por hacer la vista gorda con la que se ejercía en un local de alterne de Granollers, sino por frecuentar el local y tener buenas relaciones con el propietario, quien a menudo les invitaba a las copas que se tomaban.

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Galiano sospechaba que alguno de sus hombres, adscritos a la brigada de la policía judicial de Granollers, no era trigo limpio, pero siempre le dijo al juez que a él, que le registrasen. La Nochevieja de 1993, hoy hace justamente ocho años, el comisario acudió al juzgado a declarar como imputado por ese caso. Pero quedó en libertad y por eso no podía esperar acabar entre rejas al cabo de seis meses a partir, únicamente, de la declaración de algún inculpado dispuesto a llevárselo por delante.

El mismo día de la detención, el entonces comisario dejó de serlo. Se le expedientó y se le suspendió de empleo y sueldo. O sea, que se quedó con el 80% del salario base, más el plus de la condecoración policial con distintivo rojo, que eso no se pierde casi nunca. En definitiva, una mensualidad justita.

El agente acudió a un abogado, que es lo que suele hacer cualquier mortal en estos casos. Tuvo la suerte de ir a parar en buenas manos -las del penalista Javier Selva-, algo que no abunda. A los 40 días, Galiano salió de la cárcel. Era el 16 de julio, festividad de la Virgen del Carmen, uno de los muchos iconos del calendario para la policía. Y se fue a comer con su abogado.

En marzo de 1997, la Audiencia de Barcelona condenó a los tres policías a dos años de inhabilitación por prevaricación y a expulsión del Cuerpo Nacional de Policía a causa de las relaciones inconfesables que mantenían con el dueño del local de alterne. Los jueces, además, sentenciaron que uno de los policías llegó a mantener relaciones con una chica, menor de edad. Galiano ni siquiera llegó a sentarse en el banquillo por ese caso, pero a raíz de las escuchas telefónicas que se hicieron en la comisaría para seguir a los tres policías sospechosos, el comisario acabó empapelado en otro proceso.

Se le acusaba de revelar secretos por haber facilitado los antecedentes policiales de una persona y por haber mediado para que quedase en libertad un preso que era confidente. El fiscal pidió para el ex comisario dos penas de dos meses de arresto y tres años de suspensión. Pero el magistrado Antonio Climent, del Juzgado de lo Penal de Granollers acaba de sentenciar que no hay ninguna prueba para condenar al ex comisario y por eso le absuelve. El fiscal, sin embargo, puede recurrir.

Han pasado ya más de ocho años desde que empezó todo. Demasiado tiempo para quien esperaba una sentencia así. 'Me ha costado muchos sinsabores, pero al final ha llegado', dice Galiano.

En julio de 1998, el ex comisario reingresó en el cuerpo tras más de cuatro años de suspensión de empleo y sueldo y acabó destinado en la comisaría de Universidad. De ahí pasó a la de Horta-Guinardó y ahora está preparando el curso de comisario, porque aunque ejerció como tal, tenía categoría de inspector jefe. Sus tres subordinados nunca más volvieron a vestir el uniforme. El Tribunal Supremo confirmó el pasado mes de marzo la sentencia de la Audiencia de Barcelona y les expulsó de la policía.

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