Abocados a la 'precariedad'

Uno de los grandes escollos al proyecto de Ley Orgánica de Universidades (LOU) -que el Gobierno central piensa tramitar por la vía rápida en el Senado para que entre en vigor a más tardar en enero- se encuentra en su concepción de la carrera universitaria, la desaparición literal de los profesores ayudantes y la inestabilidad que, según universidades y sindicatos, generará en las plantillas docentes. En la Comunidad Valenciana, las juntas de gobierno de las cinco universidades públicas valencianas han convocado, en conjunto, 504 plazas de funcionario para que los profesores consoliden sus puestos. 'La puesta en marcha de la LOU supondrá un parón en la contratación de profesores que puede durar dos o tres años', aseguró el jueves la vicerrectora de la Politécnica, Cristina Santamarina, en coincidencia con la preocupación expresada un día antes por el rector de la Universidad de Valencia, Pedro Ruiz.

Sin embargo, una de las mayores contradicciones que conllevará la implantación de la nueva ley se da, paradójicamente, con el profesorado que se encuentra en el último escalón del organigrama universitario: los ayudantes y los asociados. Sólo en estas dos categorías, en sus respectivas modalidades de tiempo completo y parcial, 1.775 personas se verán afectadas en la Comunidad Valenciana, según los datos recogidos por la federación de enseñanza de CC OO en cuatro de las cinco universidades, excepto la Miguel Hernández de Elche. Las cifras, confirmadas también por UGT, van más allá y sitúan en un horizonte de 'inestabilidad' a cerca de 6.000 profesores contando con los titulares de Escuela Universitaria y de Universidad que estaban contemplados en el Plan de Estabilidad aprobado bajo la gestión de Mariano Rajoy al frente del Minsiterio de Educación, en marzo de 2000.

Las múltiples críticas de Aznar y la actual ministra Pilar del Castillo calificando de corporativistas y retrógrados a la Conferencia de Rectores (CRUE) no se han visto acompañadas por el mismo vigor y explicaciones al ¿por qué un mismo Gobierno aprueba un Plan de Estabilidad y lo echa abajo a mitad de su aplicación? Ésta es una de las cuestiones CC OO y UGT han denunciado a la hora de convocar la huelga general para el próximo 7 de noviembre. 'La LOU', afirman el secretario general valeciano de la federación de enseñanza de CC OO, Manuel Picó, y el de UGT, Gonzalo Castillo, 'impide la carrera docente' y 'rompe el sistema retributivo del profesorado'.

Particularidades de la leyPara José Manuel Mora, responsable de este área en CC OO, 'la consecuencias de la aplicación de la LOU -al haber eliminado la ministra la transitoria de seis meses- tendrán consecuencias tremendas sobre la estabilidad docente universitaria'. Mora subraya que es una 'barbaridad' y probablemente sea también anticonstitucional 'el eliminar la transitoriedad en cualquier ley'. Pero más en esta que afecta de golpe a todo un sistema universitario.

Gonzalo Castillo considera inédito el hecho de un Gobierno firme un convenio, acordado en la Mesa Sectorial, y se lo cargue, y defiende a pies juntillas la posición adoptada por las distintas juntas de gobierno de haber sacado bastantes más plazas que otros años, en todas las categorías. 'De no hacerse así', sostiene Castillo, 'la precariedad docente incidirá sobremanera en la calidad del sistema universitario español, en general, y valenciano, en particular'.

Mora no concibe cómo se puede dejar en el aire la trayectoria profesional de aquellos asociados y ayundantes que se acogieron al sistema de estabilización y que se habían formado y preparado para que este año salieran sus respectivas plazas. 'Obstaculiza y dificulta el trabajo de toda una serie de gente que se habían hecho expectativas de futuro'.

El llamado Plan Rajoy suscrito por CC OO, UGT y CSIF nació, además, con un presupuesto de 21.000 millones para todas las comunidades, de los cuales un tercio sería financiado por los ejecutivos autonómicos en tres anualidades (año 2000 y siguientes). En el caso específico de la Comunidad Valenciana, esto representaba 3.074 millones de pesetas. Pero, además, su aplicación autonómica supuso un dura negociación entre la Generalitat Valenciana y el Ministerio de Hacienda y las Universidades valencianas, ya que el Gobierno central pretendía que éstas enjugaran la deuda [procedente, en su mayoría de los planes de inversiones para infraestructuras universitarias], a cambio de sanerar las cuentas de los gobiernos regionales, con vistas a la Ley de Estabilidad Presupuestaria ya en vigor. La depresión entre los asociados y ayudantes avanza día a día, cada vez que la ministra Del Castillo endurece los términos de la ley ante cada gesto de rechazo de rectores, partidos o parlamentos autonómicos. Este joven personal de la universidad se ha pasado cuatro años con 'becas precarias' de formación -en su modalidad de investigación (FPI) o docente (FPU)-, trabajan prácticamente a dedicación completa y no tienen seguridad social. Con la LOU pierden hasta la seguridad profesional, cuentan.

La ventajas de la publicitada 'movilidad' docente, promocionada por la ministra Del Castillo, a la vista de los hechos despierta más recelos que adeptos, en vista del manifiesto firmado por cerca de 6.000 profesores de los distintos estamentos universitarios contra en contra de esta ley.