Servicios Sociales decreta la 'suspensión de actividad' de la residencia 'pirata' de Chamberí

La Consejería de Servicios Sociales decretó ayer la 'suspensión de actividad' de la residencia pirata que la Policía Municipal descubrió el domingo al auxiliar a una nonagenaria que saltó desde un tercer piso del edificio, en la calle de Gaztambide, 61 (Chamberí). Los inspectores de la consejería comprobaron que la dueña, Ángela María Hernández, carecía de la documentación necesaria para esta actividad. Es el cuarto centro que cierra en Madrid, por irregularidades en su funcionamiento, en los últimos 15 días. Los inspectores piden la colaboración vecinal para acabar con las residencias ilegales.

Una vez decretada la suspensión de actividad, la consejería se pondrá en contacto hoy con los familiares de los ocho ancianos que vivían en este piso para que se hagan cargo de ellos. Si alguno de los residentes no fuera acogido por sus parientes, Servicios Sociales pedirá su tutela. La consejería comunicó ayer al juez la situación en la que se encuentran estos ancianos.

Fuentes de la inspección de Servicios Sociales aseguran que no han detectado problemas de salud de los residentes en la visita realizada al piso de la calle de Gaztambide, un inmueble que calificaron de humilde. Según vecinos del edificio, se trata de un piso de 120 metros cuadrados con dos baños, una cocina, un salón y cuatro dormitorios. En este reducido espacio vivían los ocho ancianos fijos y otros que acudían de forma esporádica durante los fines de semana, cuando sus familiares no podían atenderlos.

Cada uno de ellos pagaba 80.000 pesetas al mes a Ángela María Hernández. Si la estancia era de fin de semana, la tarifa era de entre 15.000 y 20.000 pesetas. La dueña de la residencia pirata admitió a los inspectores que no tenía documentos que justificaran su actividad y que no paga impuestos a Hacienda, y alegó que, de hacerlo, no le quedaría dinero para vivir ella y sus dos hijas.

Servicios Sociales reconoce sus dificultades para detectar residencias piratas tanto en la región como en la capital. Sólo la colaboración ciudadana, reclamada por los inspectores, permite a éstos descubrir este tipo de centros. El centro pirata de la calle de Gaztambide venía funcionando desde hace siete años, según han informado los vecinos del inmueble, aunque ninguno de ellos alertó de este hecho, afirman fuentes del Gobierno regional. Una denuncia vecinal sí alertó, sin embargo, al Gobierno de la existencia de una residencia pirata en el distrito de Salamanca, que fue cerrada el pasado 28 de septiembre. En este centro vivían 24 ancianos que fueron recogidos por sus familias. El local no tenía licencia y llevaba poco tiempo abierto.

Colmenar Viejo

Ese mismo día, la titular del Juzgado número 3 de Colmenar Viejo, Miren Nekane Yagüe Egaña, decretó la clausura de dos residencias de Colmenar Viejo -Santa Rosa de Lima y La Milagrosa- por la precariedad en la que vivían 48 ancianos. En este caso, la juez comprobó que el personal que atendía a los residentes carecía de la cualificación necesaria y que, además, en las casa se acumulaba una gran cantidad de medicación -sobre todo tranquilizantes- que se administraban a los ancianos sin que los propietarios de los centros, Isabel Dousouto Prada y Rubén Pablo Aquino Morales, pudieran presentar las necesarias recetas médicas.

Pilar Martínez, consejera de Servicios Sociales, anunció el pasado jueves en la Asamblea de Madrid su intención de clausurar en el presente trimestre otras diez residencias irregulares que los inspectores tienen detectadas en la región. Martínez, además, presentó a los grupos políticos una nueva ley que regulará el funcionamiento de estos centros. El texto, además de establecer el incremento de las multas a los propietarios de residencias que no cumplan la normativa, indica que los directores deberán poseer un título específico.

La consejera pidió también la creación de un juzgado de Mayores para poder así agilizar los trámites en caso de que sea necesaria la intervención judicial para clausurar algún centro o tutelar a ancianos.

Rafael Simancas, secretario general de la Federación Socialista Madrileña, calificó ayer de 'lamentable' que se haya descubierto la residencia pirata de la calle de Gaztambide 'porque una señora se tire por la ventana'. 'Es necesario más celo a la hora de controlar este tipo de tugurios en los que no se cumplen las normas sanitarias y se vulneran los más elementales derechos humanos. Hay que pedir al Ayuntamiento que extreme sus medidas de control', opinó.

Inés Sabanés, portavoz municipal de IU, mostró su preocupación por la proliferación de este tipo de centros. 'Vamos a celebrar un pleno extraordinario sobre mayores antes de fin de año; alguien tiene que vigilar este tipo de pisos ilegales, que parece que están proliferando', adelantó.