Martínez dice que el proyecto de Ley de Universidades es 'preocupante'

La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Cándida Martínez, y el rector de la Universidad de Granada, David Aguilar Peña, expresaron ayer su 'preocupación' por el proyecto de Ley de Universidades que ha elaborado el Gobierno central. 'Es un proyecto de ley que no ofrece el marco necesario para que las universidades de el salto cualitativo que exige la sociedad', dijo Martínez.

Las declaraciones de la consejera se produjeron durante el acto de apertura del nuevo curso en la Universidad de Granada. El rector granadino afirmó en su discurso que el proyecto 'no sienta las bases que precisa la Universidad española del siglo XXI', y 'configura un modelo que afectaría gravemente a la capacidad' de las universidades para garantizar la calidad en la educación superior.

La consejera por su parte, se lamentó, además, de que 'el Gobierno haya abordado las reformas sin contar con las administraciones autonómicas'. 'También es preocupante', dijo, 'que no se contemple el principio de autonomía universitaria'. El proyecto, además, según Martínez, no hará posible la homologación de carreras con las de otros países europeos.

Financiación

En materia económica, la consejera, por su parte, ensalzó su confianza en que se llegue en los próximos meses a un 'acuerdo general pactado' sobre el modelo de financiación de las universidades andaluzas, subrayando que la voluntad de la Junta es el consenso 'para lograr un sistema de financiación estable', de acuerdo con las directrices marcadas por el Parlamento Andaluz.

Según recalcó, la redefinición del sistema universitario andaluz ha de tener tres líneas básicas: la 'suficiencia' económica de las instituciones, la disposición de esos recursos en 'condiciones necesarias de transparencia y control democrático' y el impulso de programas de 'calidad'.

En el mismo sentido se pronució David Aguilar, quien mostró su confianza en que el nuevo sistema 'demandado y deseado' permita a las universidades 'alcanzar la suficiencia financiera', al mismo tiempo que 'permita introducir criterios de calidad'.

Algunos rectores han solicitado a la Junta que también se haga cargo de la deuda acumulada por sus respectivas instituciones durante la etapa de crecimiento del sistema universitario. Como ejemplo ponen la política que en este tema ha seguido la Comunidad de Madrid, quien ha anunciado su intención de asumir la deuda universitaria de sus instituciones. Este extremo fue rechazado por el secretario general de universidades de la Junta, Francisco Gracia, quien indicó que primero hay que determinar a cuánto asciende realmente la deuda y entonces ver de qué forma se le da una solución a este problemático asunto.