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El fiscal pide 17 años de inhabilitación para el juez Manzanares por prevaricar

El magistrado está acusado de impedir los permisos de los presos

El juez José Ramón Manzanares Codesal se sentará mañana en el banquillo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) acusado de dos presuntos delitos continuados de prevaricación por los que el fiscal le pide penas que suman 17 años y 4 meses de inhabilitación. La fiscalía sostiene que 'ideó un plan con ánimo de retrasar o hacer inviables' los permisos navideños de los presos de Quatre Camins en 1998 y que dio órdenes a los funcionarios de su juzgado para que tramitasen los expedientes de otra manera.

Manzanares fue titular del Juzgado de Vigilancia número 1 de Cataluña entre 1991 y 1999 y era el responsable de las cárceles de Quatre Camins y de jóvenes de la Trinitat. Hace dos años cambió de destino de forma voluntaria y fue a parar a un juzgado de primera instancia, pero el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le suspendió temporalmente del cargo el pasado mes de marzo, cuando el Tribunal Superior abrió juicio contra él. Este caso se inició después que la fiscalía se querellase contra Manzanares tras años de enfrentamientos entre el juez, por un lado, y la fiscalía, la Sección Novena de la Audiencia de Barcelona y la Dirección General de Servicios Penitenciarios de la Generalitat, por otro.

En síntesis, el fiscal sostiene que Manzanares estaba enfrentado personalmente con la dirección de la cárcel de Quatre Camins y que por ese motivo ideó una nueva forma de tramitar los permisos penitenciarios. De esa forma, pidió a la prisión que todos los papeles que se le remitieran en la tramitación de un permiso fuesen documentos originales o copias compulsadas, algo que hasta entonces no se aplicaba. Además, añade el fiscal, el juez 'creó un trámite desconocido' al remitir a la cárcel 700 solicitudes de información sobre el plan de tratamiento que seguía el preso afectado. El fiscal también afirma que Manzanares ideó otro nuevo trámite 'sin cobertura legal', consistente en informar al preso de que podía formular alegaciones a los informes que habían redactado sobre los equipos de tratamiento, pese a que fuesen favorables al permiso.

Pérdida definitiva

Todas estas actuaciones judiciales colapsaron las oficinas de la cárcel de Quatre Camins y en la práctica impidieron que los presos disfrutasen de permisos navideños. Por eso, el fiscal le acusa de dos delitos continuados de prevaricación y reclama una pena de 15 años de inhabilitación y otra de dos años y cuatro meses, y además que no vuelva a ejercer como juez nunca más.

La defensa de Manzanares, ejercida por el penalista Cristóbal Martell, sostiene una versión muy distinta de los hechos y asegura que la actuación del juez lo único que pretendió fue combatir 'la situación de patente abandono, mal funcionamiento y desgobierno que padecía la prisión de Quatre Camins'. El letrado también recuerda que la fiscalía nunca recurrió contra esas decisiones de Manzanares y que los trámites que aplicó eran habituales en otros juzgados de vigilancia penitenciaria. 'No hubo ni contumacia ni suerte alguna de empecinamiento rebelde', asegura el abogado del juez.

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La actuación del juez provocó el descontento de los presos, que estuvieron a punto de amotinarse. La Generalitat, el Colegio de Abogados, el presidente de la Sección Novena de la Audiencia de Barcelona y el del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se quejaron de lo ocurrido. El Poder Judicial acabó sancionando con dos años de supensión a Manzanares, que es hijo de José Luis Manzanares Samaniego, consejero de Estado y ex vicepresidente del CGPJ.

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