El Gobierno quiere un reglamento de Ley del Menor más duro para 'contener' a los internos

El Gobierno regional no puede con los jóvenes más violentos de los reformatorios. Por ello, pretende que el Ejecutivo central endurezca la Ley del Menor, norma de rango estatal que entró en vigor hace sólo nueve meses, mediante la redacción de un reglamento que incluya, por primera vez, 'medidas de contención física' para los jóvenes más problemáticos. Entre estas medidas no se excluiría el uso de aerosol es con gases irritantes, 'aunque eso lo determinará el legislador', dicen fuentes gubernamentales. En los cuatro reformatorios de la región, tres cerrados y uno de régimen abierto, residen unos ochenta jóvenes.

Desde la Consejería de Servicios Sociales, de la que dependen los centros de reeducación, se recuerda que los monitores de estas instalaciones han notado un aumento de la conflictividad en los últimos meses, así como un incremento de la media de edad de los jóvenes recluidos y una mayor cualificación delictiva de éstos, según los datos de la última evaluación realizada por el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón.

'Por ello', admiten fuentes del Gobierno, 'necesitamos recuperar el principio de autoridad, porque, si no, esta ley, buena y avanzada, puede venirse abajo'. Dichas fuentes afirman que en los centros de Madrid hay jóvenes de gran corpulencia física y con gran agresividad 'muy difíciles de manejar'.

En la Comunidad hay cuatro centros de reeducación de jóvenes. Tres de ellos son cerrados (El Pinar, con 40 plazas, en Fuencarral; El Madroño, con 15, y Renasco, con 12, ambos en Carabanchel) y uno semiabierto, el Altamira, con 20 plazas, en San Blas. Todos son de gestión pública menos El Pinar, regentado por una entidad privada, la asociación Cicerón, aunque con un coordinador y dos técnicos de apoyo del Gobierno regional.

En los primeros ocho meses del año se produjeron ocho fugas en estos reformatorios. Los responsables de Servicios Sociales se quejan de que carecen de 'instrumentos' para poder contener a los jóvenes recluidos que 'entran en situación de crisis'.

'El número de educadores con parte de lesiones está creciendo notablemente, porque no existe ningún instrumento de contención con el que poder defenderse ante una agresión. 'Es muy complicado enfrentarse a un joven de cien kilos, por ejemplo, que sufre una crisis y frente al que no se puede emplear ningún tipo de medidas de contención, ya que la Ley del Menor no las incluye', añaden.

La Comunidad de Madrid no da pistas sobre qué 'instrumentos de contención' reclamará en el futuro reglamento de la ley. 'Eso es el legislador quien debe determinarlo, pero algunas comunidades autónomas, que también se encuentran en una situación parecida, han hablado, por ejemplo, del empleo de aerosoles para repeler agresiones', señalan.

La Comunidad asegura que otros gobiernos autónomos se encuentran también bastante preocupados con el cariz que están tomando los episodios de violencia en los centros de internamiento. 'En una próxima reunión entre responsables autonómicos se va a reclamar que se elimine la posibilidad de que puedan entrar en los centros jóvenes que hayan delinquido entre los 18 y los 21 años, dada la situación actual'.

Estas fuentes de la Consejería de Servicios Sociales se refieren a que actualmentemente sólo ingresan en los reformatorios los delincuentes menores de 18 años, que siguen en las instalaciones de reeducación hasta el final de su condena, aunque para entonces superen ampliamente esa edad. Pero si el futuro reglamento elimina el actual límite de edad de l8 años para el ingreso y lo amplía hasta los 21, 'se podría dar el caso, por ejemplo, de internos que hubiesen sido condenados a seis años de reclusión y que permaneciesen en los centros con 27 años junto a chavales de 16'.

Precisamente, la Generalitat de Cataluña aprobó el pasado martes una modificación de su Ley del Menor autonómica con el fin de endurecer las medidas de control, entre ellas la privación temporal de libertad para los adolescentes y menores de elevada conflictividad social, según informa el diario La Vanguardia.

Texto catalán

La reforma de la ley regional catalana de 1991, que llena los vacíos legales de la Ley del Menor (en vigor desde enero de este año), dará acomodo a las peticiones coercitivas del Gobierno catalán. Hasta ahora, con el texto legal existente, muchos jueces no aceptaban sus peticiones.

Este mismo mes, un juzgado de instrucción de Madrid ordenó el cierre del módulo de aislamiento del reformatorio El Pinar por supuestos malos tratos a algunos internos. El juez clausuró el módulo, destinado a jóvenes conflictivos, 'por su mala habitabilidad' y tras recibir una querella de la Fiscalía de Menores en la que denunciaba 'por torturas' a los responsables del centro, a varios educadores y a guardias de seguridad.

Pero desde la Consejería de Servicios Sociales se niegan tajantemente estos hechos y se rechaza que existan módulos de internamiento o celdas de castigo para los menores internos más conflictivos. 'Es radicalmente falso que se maltrate a algún menor en los centros', señalaron estas fuentes, que, al contrario, destacaron que son 'determinados internos quienes sí que agreden a los educadores'.

'Tenemos partes de lesiones de educadores a los que se ha maltratado, pero nunca se hacen públicos por orden expresa de la consejera, Pilar Martínez', afirmaron con rotundidad desde el Gobierno regional.