Los usuarios podrán exigir un presupuesto previo y una factura a las empresas de grúas

Un automovilista que necesite el servicio de una grúa tras un accidente o una avería es muy vulnerable a cualquier tipo de fraude debido a la situación de emergencia en la que se encuentra. Para evitar abusos, el Gobierno regional aprobó ayer una serie de medidas que obligarán a las empresas del sector a informar previamente al cliente del precio y características del traslado, así como a la posterior entrega de una factura que describa el servicio. Esta medida permitirá al usuario, según sostiene el Ejecutivo, detectar, denunciar y, en caso de sufrir prácticas irregulares, ser compensado.

Este decreto, aprobado ayer, desarrolla la Ley 11/1998 de Protección de los Consumidores en el ámbito de atención en carretera. La intención del Gobierno regional es acabar con la vulnerabilidad del automovilista cuando, 'en una situación de espacio y tiempo desfavorables para tomar decisiones', debido a un accidente o avería que le impide mover el coche, debe contratar obligatoriamente un servicio de grúa. En muchas ocasiones, el usuario no conoce ni sus derechos ni el importe que le va a ser cobrado, según explicó el consejero de Presidencia y Hacienda, Manuel Cobo, al término de la reunión semanal del Consejo de Gobierno, que aprobó este decreto.

A partir de ahora, explicó Cobo, las empresas de grúas estarán obligadas a detallar previamente a los usuarios un presupuesto del servicio y entregar una hoja informativa en la que consten sus datos, tarifas y las características de las operaciones a realizar.

Los usuarios también tendrán a su disposición hojas de reclamación y deberán recibir una factura que acredite las operaciones realizadas. Todo ello, añadió Cobo, con el objetivo de 'garantizar los derechos básicos de los ciudadanos'.

Empresarios del sector se mostraron ayer escépticos con el decreto gubernamental, que entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad en las próximas semanas. 'Mientras no arreglen problemas del sector, como la gran cantidad de grúas piratas que trabajan sin licencia, dudo mucho que una medida como ésta sea efectiva', explicó Emiliano Pedraza, propietario deGrúas Mendoza, que tiene tres de estos vehículos en propiedad. 'Además, será difícil que muchos autónomos que van todo el día con la grúa arriba y abajo y sin otra herramienta que su teléfono móvil estén dispuestos a llevar todo este papeleo encima', añadió.

También en materia de defensa del consumidor, el Gobierno aprobó, tras más de un año de tramitación, el Reglamento de la Ley de Protección de los Consumidores, cuyo aspecto más relevante es la adhesión de empresas públicas, como el Canal de Isabel II, el Metro y la ITV, al sistema arbitral de consumo para dirimir las hipotéticas controversias que surjan entre estas compañías y los consumidores. Madrid es la primera comunidad de España que adopta esta medida.

El reglamento también establece un sistema unificado de reclamaciones para que todos los profesionales y titulares de establecimientos que comercialicen bienes o servicios dispongan de hojas de reclamación.

Canal de Isabel II

Por otra parte, el Canal de Isabel II trasladará a una empresa privada de nueva creación, en la que este organismo tendrá una participación minoritaria aunque controlará el consejo de administración, la gestión de las relaciones con sus clientes, según informaron Cobo y José Antonio de Cachavera, director económico del Canal. La empresa pública destinará casi 496 millones de pesetas a la compra del 20% de la empresa Global Sales Solutions Line S.L. Posteriormente, según De Cachavera, esta compañía y el Canal crearán una nueva empresa, de la que tendrán el 75% y el 25%, respectivamente, para hacerse cargo del servicio de atención telefónica y gestión de las nueve oficinas comerciales del Canal.

Actualmente, una empresa externa se encarga de estas funciones con un presupuesto para este año de 160 millones. De Cachavera informó que, 'al ser actualmente un servicio externalizado, no habrá personal del Canal que pase a desarrollar sus funciones en la nueva empresa'. El objetivo del Gobierno es entrar en un sector 'en plena expansión que factura 90.000 millones al año en España y con un gran potencial de crecimiento', explicó Cobo, que añadió que 'el cliente recibirá una atención más cómoda, rápida y personalizada' cuando el servicio pase a la nueva empresa.

El Consejo de Gobierno también aprobó enviar el anteproyecto de Ley de Rentas Mínimas al Consejo Económico y Social como paso previo a su remisión a la Asamblea, que deberá aprobarlo antes de fin de año. La renta mínima sustituirá a partir del próximo 1 de enero al actual Ingreso Madrileño de Integración (IMI). El anteproyecto, pactado con sindicatos y patronal, establece una ayuda mensual de 48.895 pesetas para los madrileños que carezcan de cualquier otro ingreso. Esta cantidad subirá en 12.224 pesetas al mes por el primer miembro adicional de la unidad de convivencia y en 7.335 por cada uno de los siguientes, siempre que el total no supere el salario mínimo interprofesional (72.120 pesetas mensuales).