El PP de Alcoy autoriza una planta de residuos en zona protegida con un estudio de impacto falso

El estudio de impacto ambiental de la Partida de Sant Benet de Alcoy, documento que sirvió al Ayuntamiento que preside el PP para recalificar un suelo protegido donde ahora se construye una planta de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) es 'falso'. Los vecinos afectados denuncian que este documento, que firma el ingeniero de Minas Francisco Javier Olivares Zarzosa, 'es una copia del que se hizo para el parque temático de Benidorm Terra Mítica, con fallos incluidos'. Efectivamente: en varias páginas del burdo informe se hacen alusiones directas a Terra Mítica.

Los vecinos sostienen que tanto el Ayuntamiento de Alcoy como la Consejería de Medio Ambiente podrían haber incurrido en un posible delito de prevaricación y de falsificación de documento público. Rosa Mayor, vecina afectada por la planta de RSU, asegura que el proyecto de impacto ambiental de esta instalación, cuya construcción gestiona la empresa pública Vaersa (Valenciana de Aprovechamiento Energético, SA), a través de una empresa subcontratada, es 'falso', ya que en él pueden leerse numerosas coincidencias con el documento realizado para el parque temático de Benidorm.

El documento lo aprobó en pleno el Ayuntamiento de Alcoy y luego lo refrendó la Consejería de Medio Ambiente, el 2 de mayo de 2000 para la declaración favorable. En la página 12 del informe, que firma el ingeniero Olivares Zarzosa, técnico de Vaersa, se cuelan referencias de Terra Mítica: '[...] servicio del propio parque temático' y '[...] viales interiores del parque'. En la página 25 del informe para Alcoy se alude al monte Sierra Cortina, sobre el que está construido el parque de Benidorm. En la página 28 el estudio habla de la construcción de edificios y la instalación de las atracciones del parque temático, mientras en la 30 hay alusiones al funcionamiento de las atracciones. Todavía hay más: en las páginas 31 y 34 también se encuentran claras alusiones al parque de Benidorm.

Además, Mayor denuncia que el documento contiene errores de peso, como que la zona sujeta al estudio ha 'sufrido durante su historia multitud de agresiones paisajísticas como son la extracción de áridos, vertidos incontrolados de residuos' (página 23) o que la economía de la comarca de L'Alcoià se base en el 'sector comercio minorista y sus afines' (página 29), o como que 'el área haya sufrido varios incendios forestales' (página 47), y que 'ni en su proximidad se detectan áreas de interés ambiental' (página 47), 'obviando', dice la denunciante, 'que el parque natural del Carrascar de la Font Roja se encuentra a 700 metros'.

Sobre la premisa de la falsedad de este documento la denunciante mantiene que también son falsos la declaración de impacto ambiental de la zona y el expediente que llevó a la aprobación definitiva del plan especial para la homologación de terrenos, calificados como suelo no urbanizable y de protección de borde urbanos en suelo industrial (ver EL PAÍS 13 de agosto 2001). 'Todo es nulo de pleno derecho', argumenta.

El estudio incluye las matrices de impactos donde se evalúan la calificación del suelo para el funcionamiento de la planta de residuos y el polígono. Éstos coinciden con los del estudio de impacto de Benidorm. 'Es evidente que lo que aquí pretende construirse es una planta de residuos sólidos y no un parque de atracciones. Todo el estudio nos parece una burla que nadie se ha molestado en rectificar', añade Rosa Mayor.

Las irregularidades de este informe fueron trasladadas por los vecinos a la Gerencia de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alcoy. Este organismo, en marzo de 2000, respondió por carta que aunque 'no puede calificarse el estudio de impacto ambiental como modélico, se considera que de la documentación del expediente se desprende información suficiente para poder evaluar esta actividad'.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil trasladó en agosto al fiscal de Medio Ambiente la denuncia presentada por los vecinos de la zona, para que el ministerio público indague las supuestas irregularidades en la homologación de los terrenos de la Partida de Sant Benet, la falta de rigor en la confección del estudio de impacto ambiental o la posible falta de permisos de obras, de actividad, así como la licencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar para poder rellenar el barranco que ocupará la planta de residuos. El Seprona ha detectado indicios de posible delito medioambiental.