La UE advierte que la rehabilitación del centro histórico de Valencia no respeta la legislación

La Dirección General de Política Regional reconoce, en un informe del 22 de agosto, que ciertas actuaciones urbanísticas promovidas en el centro histórico de Valencia por la Generalitat Valenciana y el ayuntamiento 'acusan el no respeto a la legislación española'. El responsable europeo de Asuntos Jurídicos aconseja 'recurrir ante un juez nacional' las denuncias interpuestas por vecinos y comerciantes en Bruselas que piden paralizar las obras del complejo científico-educativo que se está construyendo en Velluters y que se investiguen las supuestas irregularidades en la expropiación y el derribo de los edificios y calles que rodean la parcela donde se está edificando el complejo científico.

El retraso y las múltiples modificaciones hechas al proyecto inicial de Estrategia Urbanística del Centro Histórico de Valencia -diseñado en 1994 por la Universidad Politécnica para que España pudiera entrar en la red de naciones beneficiarias de los Programas Urban 1994-1999- ha forzado a la Generalitat, al Ministerio de Hacienda y al de Cultura a tener que dar explicaciones en Bruselas en varias ocasiones para no perder los 1.661 millones de fondos europeos que se aprobaron finalmente en julio de 1995, una vez que llegó el PP a la Generalitat.

La última vez que el Consell se sometió al control de la Comisión de Seguimiento del Programa Urban fue hace escasos meses, en la reunión multilateral celebrada el 22 de febrero en la que la Consejería de Economía tuvo que presentar el 'escenario de la última reprogramación' para no perder los 1.661 que siguen en el aire, ya que se pagan contra proyecto finalizado, según toda la documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS

La primera vez que la Comisión dió el aviso de que las ayudas se podrían perder fue a principios de 1998. El Consell paralizó la pérdida presentando una iniciativa de la Cultura de construcción de un Complejo Científico y Educativo [que incluye un Conservatorio, un centro de Artes Plásticas y Diseño y un centro de investigación]. Paralelamente, el ayuntamiento aprobó el 30 de julio de ese mismo año el Plan de Actuaciones Integradas en esa unidad y preparó el proceso de expropiación de las viviendas y solares que rodean el macrocomplejo educativo. Entre octubre y marzo de 1999, Consell y ayuntamiento aceleraron las expropiaciones. Pero no han logrado reedificar ni repoblar la zona. En diciembre de 1999, cuando vencían los cuatros años que contempla el Programa Urban, el Consell tuvo que renegociar con Bruselas e implicar a tres consejerías (Bienestar Social, Coput y Cultura) para alegar que construirá una residencia de la tercera edad (86 plazas), un taller ocupacional y rehabilitará la sede del Gremio de Carpiteros y el edificio de las Escuelas Pías para justificar los objetivos que exige Urban. Esto permitió al Consell un periodo de gracia hasta el primer trimestre de 2000.

Pese a la avalancha de proyectos presentados por el Consell sobre la marcha en los últimos dos años, las suspicacias de la Comisión respecto al proyecto inicial que vendió 'rehabilitación y regeneración integral del centro histórico' no se han disipado. Los objetivos de Urban, que son muy concretos -'conceder ayudas para la reactivación económica y social y la renovación de las infraestructuras y equipamientos públicos que mejoren la calidad del entorno' para 'mejorar de forma duradera el nivel de vida de sus residentes'- no se han cumplido a la luz de los datos oficiales enviados a Bruselas, que revelan que no sólo no se ha repoblado la zona y se ha mantenido a sus habitantes y comercios, sino que demuestran que los 3.861 habitantes de 1996 se han reducido prácticamente a la mitad en un quinquenio. Mientras, la superficie total expropiada asciende a 87.976 metros cuadrados, de los cuales 12.734 estaban programados para viviendas y 16.836 para aparcamientos públicos. El resultado, por el contrario, ha sido la expropición de 338 edificios de viendas con un coste de desalojo prácticamente mínimo en proporción al volumen de lo expropiado: oficialmente sólo tenían derecho a realojo 70 familias, que mantuvieron su vivienda habitada en calles rodeadas de solares derribados, donde el tráfico de drogas, la prostitución y la inseguridad habían precipitado el abandono masivo de viviendas.