El PP rechaza ampliar un mes la comisión de investigación en el Congreso

La comisión de investigación sobre el caso Gescartera empezará a trabajar en el Congreso de los Diputados el viernes 6 de septiembre y deberá tener cerradas sus conclusiones en principio dos meses más tarde. El PP no aceptó ayer ampliar un mes el periodo de vigencia de esa comisión, como le exigió el PSOE, porque pretende evitar así cualquier imagen de 'dilación o pasividad'. PP y PSOE y los demás partidos sí llegaron a un acuerdo para anticipar una semana el comienzo de los plenos parlamentarios para precipitar el trabajo de esa comisión, pero todavía negocian su composición y ultiman la lista de comparecientes.

El curso político empezará la semana que viene en el Congreso con la millonaria estafa de Gescartera en el centro de atención. El martes día 4 se reunirá la Junta de Portavoces, que fijará para el jueves 6 un pleno extraordinario para aprobar la creación de una comisión de investigación sobre el caso, que se constituirá al día siguiente, el viernes 7. Todos esos aspectos han sido pactados por el PP con los demás grupos, excepto el Mixto, con el que aún no se ha podido contactar.

El portavoz económico del Grupo Popular, Vicente Martínez Pujalte, conversó en la tarde del lunes con portavoces de esos grupos para apalabrar el método de trabajo de esa comisión y se encontró de entrada con una oposición casi general a limitar su vigencia a sólo dos meses, como pretendía el PP. Incluso el diputado de Coalición Canaria, Luis Mardones, socio del PP y firmante del escrito conjunto con CiU para constituir esa comisión, manifestó ayer su rechazo a que dure dos meses y propuso un plazo de cuatro, el periplo medio en este tipo de trabajos. El PSOE, que en su escrito de creación de la comisión del 3 de agosto demandó tres meses, apuntó el lunes que a lo mejor habría que prolongarla hasta seis por el elevado número de comparecientes previstos y reclamados por el PP y la previsible avalancha de documentación a estudiar.

El PP dice que no quiere caer en un debate previo sobre algo tan logístico. El propio Pujalte aseveró a los dirigentes socialistas Antonio Cuevas y Teresa Cunillera el lunes que en ese sentido no habría ningún problema por dotar a la comisión de otro mes de trabajo, lo que se interpretó como un principio de acuerdo. No hubo tal, porque el PP no quiere conceder de partida esa prórroga y sólo la aceptará si ve que es imprescindible cuando ya esté en marcha.

Los socialistas atisban tras esa negativa la intención del PP de resolver el asunto cuanto antes para alejarlo de la presidencia española de la UE y del Congreso de esa formación, algo que admiten en privado fuentes populares. El PSOE reclama además una equiparación en su número de diputados presentes en esa comisión con los del PP. Pujalte explicó que ese tipo de cuestiones debían abordarse con los demás partidos, porque IU también solicita dos diputados en vez de uno.

Todos estos pormenores llevaron ayer a responsables del PP, del PSOE y de IU a reprocharse mutuamente el deseo de entorpecer políticamente la labor de esa comisión. El portavoz del PP, Rafael Hernando, en la estrategia de los populares de comparar a su favor este caso con respecto a los que afectaron al PSOE, requirió la intervención 'igual de diligente' del fiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, para supuestos escándalos en la Junta de Andalucía que la que demostró para indagar la participación del ministro Josep Piqué en el caso Ercros.