Los afectados reclaman la lista de 'clientes especiales'

Abogados de los clientes estafados por Gescartera aseguraron ayer que la Comisión Nacional del Mercado de Valores aún no ha remitido a la Audiencia Nacional la 'lista de los 40 clientes especiales' que tanto el principal imputado, Antonio Camacho, como dos de los empleados que han declarado como testigos mantienen que existía en la agencia de valores intervenida. Según estas fuentes, la juez Teresa Palacios reclamó a los interventores que entregaran puntualmente a la Audiencia cualquier información 'relevante' y, hasta ahora, sólo se ha incorporado al sumario un listado de unos 2.000 clientes, entre los que no están esos 'clientes especiales' de los que habla Camacho.

La CNMV responde que los interventores han ido entregando sucesivos listados de clientes cada vez que tenían acceso a ellos, pero declina detallar si entre ellos están los 'clientes especiales' de Gescartera. Hacienda, entretanto, mantiene que la Agencia Tributaria está analizando toda la documentación, pero no puede detallar a qué tipo de clientes corresponde.

Implicar al Estado

Por otra parte, las defensas y acusaciones del caso Gescartera se han marcado como estrategia judicial común intentar implicar al Estado en la sentencia que dicte la Audiencia Nacional por esta causa, como la forma más práctica y segura de que los afectados recuperen sus inversiones. No obstante, fuentes consultadas por Efe explicaron que para lograr este objetivo es necesario, al menos, que aparezca como inculpado algún funcionario del Estado, entre los que no se incluye el personal o altos cargos de la CNMV por ser un organismo autónomo.

La negligencia de algún trabajador del Estado es imprescindible para que las arcas públicas sean consideradas responsables civiles subsidiarias, como ocurrió en el caso de la sentencia de la colza o la de la presa de Tous.

En ambas sentencias, el Estado fue considerado responsable civil subsidiario por la errónea actuación de alguno de sus funcionarios, lo que le obligó a pagar las indemnizaciones a los afectados. Si en este caso el Estado fuera también responsable, tendría que hacer frente a la devolución de las inversiones a los perjudicados solidariamente junto a los otros condenados.