El TSJ dice que el daño del palacio de congresos sobre el castillo del Benacantil puede ser irreversible

El auto del TSJ que mantiene la suspensión cautelar de las obras en el Benacantil es la respuesta a los recursos de súplica interpuestos por el Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat contra la decisión -dictada el 22 de junio por el mismo tribunal- de paralizar la construcción del edificio. En sus recursos, tanto la Generalitat como el Ayuntamiento sostienen que la delimitación del entorno del castillo -declarado Bien de Interés Cultural (BIC)- va ligada a la realización de la obra y ésta aún no se ha producido. Pero la Sala no comparte esa opinión y afirma en su auto que la delimitación del entorno de cualquier BIC es 'exigible' desde que el bien se declara monumento histórico, y desde luego en el plazo de un año desde que entró en vigor la Ley de Patrimonio Cultural Valenciana el 11 de junio 1998.

Esta exigencia 'existe y debe ser cumplida y su cumplimiento es ya ineludible cuando, además, existen actuaciones que pueden suponer un peligro para el monumento y ese entorno sin determinar', dice el TSJ. Más adelante, el escrito es contundente: no procede levantar la suspensión 'ante la posible ejecución de obras que dañen irreversiblemente [...] el Castillo de Santa Bárbara'.

Sobre otro de los argumentos que la Generalitat plasma en su recurso para defender la edificación en el Benacantil -la importancia que para la ciudad de Alicante tiene la construcción de un palacio de congresos-, la Sala indica que 'no desconoce' esa importancia pero, a su juicio, la suspensión de las obras sólo supone 'un retraso', mientras la no suspensión acarrearía 'la existencia de un posible riesgo de un daño difícilmente valorable en este momento procesal'.

La Sala admite que no puede sustentar la paralización de las obras con el argumento de que hay posibilidad de construir el palacio en otro lugar, y reconoce que en el primer auto que paralizó las obras no se expresó correctamente. Pero critica que la Generalitat se aferre a tal argumento para recriminarle que no corresponde al Poder Judicial determinar los motivos de oportunidad, esto es, de decidir dónde debe realizarse la obra. 'Aquella frase, probablemente desafortunada en su literalidad', dice el auto, 'se enmarca en un contexto en el que la Sala está comparando los dos intereses públicos que concurren en el procedimiento, es decir, el bien que ocasionaría el palacio a la ciudad o el daño al patrimonio histórico-cultural que acarrearía la construcción en el entorno del castillo'. Lo que queda claro, según el TSJ, es que 'es el Castillo de Santa Bárbara el que no puede estar en otro sitio'.

A pesar de que la decisión judicial es tajante en cuanto a la prohibición de iniciar las obras, deja una puerta abierta a la edificación. Cuando se apruebe el entorno de protección del castillo, la Sala podrá revisar la suspensión de las obras y levantarla si considera que la protección de la fortaleza queda garantizada pese a la edificación del palacio en una de las laderas del monte.

Asimismo, la Sala rechaza la petición de la Generalitat y del Ayuntamiento de que los autores del recurso -PSPV y EU- que desencadenó la suspensión de las obras tengan que desembolsar un aval o garantía por los hipotéticos daños que pudiera ocasionar la no construcción del palacio.

Cinco de los 15 magistrados de la Sala, incluido su presidente, José Díaz Delgado, no comparten la decisión de la mayoría. En un voto particular formulado por el magistrado Rafael Manzana, al que se adhieren el mentado Díaz Delgado, Francisco Hervás, José Bellmont y Miguel Ángel Olarte, éstos entienden que la Sala debió aceptar los recursos de la Generalitat y Ayuntamiento y levantar la suspensión. A juicio de los magistrados, los acuerdos del Consistorio y de la Administración autonómica están suficientemente legitimados. Ir contra ellos supone 'vulnerar la presunción de legalidad que la Constitución atribuye a las Administraciones Públicas'.Una resolución de la dirección general de Patrimonio Artístico de 22 de abril de 1999 obliga a que la delimitación del entorno protegido del Castillo de Santa Bárbara abarque 'la totalidad' del Benacantil, monte que además de sustento natural de la fortaleza es considerado como área lógica de afección del monumento

Esta advertencia figura en el pliego de condiciones del contrato que el Ayuntamiento suscribió con una arquitecta para realizar el plan especial de protección del entorno de la fortaleza, plan con el que el PP espera subsanar las deficiencias de su proyecto de construir un palacio en el Benacantil.

Díaz Alperi encargó este plan tras lograr que el consejero Manuel Tarancón paralizara un expediente de protección del castillo que no permitía el palacio en el monte. Si la ley obliga a proteger todo el Benacantil, ¿cómo puede el PP legitimar la edificación de un gran palacio que ocupa un 5% de la superficie total del Benacantil? Difícil tarea, pero no imposible. El plan especial puede establecer distintos grados de protección y dejar el solar donde se ha proyectado el edificio bajo una salvaguarda blanda que dé cobertura a la construcción. Pero aun en ese caso, será la Sala de lo Contencioso del TSJ la que estime si tal medida sería suficiente para la adecuada protección del monumento histórico.

José Antonio Pina, portavoz socialista en Alicante y uno de los firmantes del recurso que ha desencadenado la paralazación del palacio, cree que los populares emplearán 'ésta u otra argucia legal' para salvar su proyecto insignia.

La legislación urbanística valenciana, por otro lado, indica que las construcciones emplazadas junto a edificios de carácter artístico, histórico, arqueológico, típico o tradicional han de armonizar con ellos, aun cuando en su entorno sólo haya uno con esas características. Y añade que 'no se permitirá' que la situación o las dimensiones de los edificios rompan la armonía del paisaje rural o urbano tradicional o desfiguren su visión. Pese a que la legislación es abundante en esta materia, Díaz Alperi dijo ayer a Efe que el palacio 'no afecta a la fortaleza ni al monte, por lo que no debería haber inconvenientes una vez realizado el plan de delimitación del entorno protegido'.

Para el diputado del PSPV Antonio Moreno, el auto del TSJ 'ha puesto a cada uno en su lugar'. El secretario de los socialistas alicantinos, Ángel Franco, felicitó a los 'miles de ciudadanos' que se han opuesto a la ocupación del monte.