Bruselas anula los incentivos fiscales vascos y navarros y exige a las empresas beneficiadas su devolución

Los regímenes fiscales ayer sancionados por la Comisión Europea estuvieron en vigor hasta la firma de la paz fiscal entre las administraciones vascas (Gobierno vasco y diputaciones forales) y la Administración central en enero de 2000. Este acuerdo supuso la supresión de los recursos presentados por la Administración central contra normas fiscales vascas a cambio de la retirada de la normativa de incentivos fiscales más conflictiva. La derogación de las normas no supuso un parón a la investigación iniciada en 1999. Según los datos de las diputaciones vascas de enero de 2000, 75 empresas se acogieron a las vacaciones fiscales, que se aplicaron por vez primera en 1996 y que supusieron una rebaja en el impuesto de sociedades para las empresas de nueva creación de un 99% en su primer año de beneficios, un 75% en el segundo, un 50% en el tercero y un 25% en el cuarto. Al crédito fiscal del 45% para inversiones de más de 2.500 millones de pesetas se acogieron 73 empresas hasta esa fecha. Posteriormente la Diputación de Vizcaya lo concedió a otras 19 empresas que lo habían solicitado antes de su derogación.

España no ha sido el único sometido a examen y expedientado.

El Colegio de Comisarios, a iniciativa de Monti, ha abierto procedimientos contra otros nueve dispositivos fiscales -en Alemania, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Holanda, Finlandia- y exige la supresión de cuatro regímenes incompatibles con el Tratado de la UE -en Bélgica, Grecia, Italia y Suecia-.

Análisis La acción es fruto del análisis iniciado por la Dirección General de la Competencia en febrero del año pasado respecto a posibles ayudas estatales otorgadas a empresas bajo la forma de régimen fiscal. Todas están recogidas en el código de conducta fiscal para las empresas pactado por el Ecofin (Consejo de Ministros de Economía y Finanzas) tras duras negociaciones, en el que se recoge una lista de 66 medidas contrarias a la libre competencia.

Con la anulación de los incentivos faiscales vascos y navarros, Bruselas ha cerrado uno de los casos políticamente más complicados relacionados con los incentivos fiscales otorgados a las empresas instaladas en el País Vasco y Navarra, heredados de la Comisión presidida por Jacques Santer. El Ejecutivo, que ahora dirige Romano Prodi, debe pronunciarse aún sobre las vacaciones fiscales anteriores a 1995, cuya duración era de 10 años, en el marco de una investigación abierta en octubre del año pasado por el comisario europeo de la Competencia, Mario Monti. 'Cualquier intervención de una autoridad pública que favorezca a un sector con respecto a otros y pueda distorsionar la competencia va a ser combatida', afirmó el comisario.

Es la misma teoría defendida por el Gobierno español. 'El régimen foral del País Vasco y Navarra está reconocido por la UE, el problema está en su aplicación en algún momento por las autoridades forales', dijo el martes en Bruselas el vicepresidente económico, Rodrigo Rato. Tesis que ayer confirmó en Madrid el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

La Comisión Europea reiteró ayer que esta decisión 'no pone en entredicho la autonomía fiscal' del País Vasco y Navarra. El problema, según la Comisión, radica en que los incentivos fiscales declarados ahora ilegales por Bruselas estaban financiados con fondos estatales y, además, los regímenes no fueron notificados ante la autoridad de la competencia.

La Comisión Europea considera que los créditos fiscales del 45% constituyen una 'ayuda a la inversión', mientras que las minivaciones fiscales son 'ayudas al funcionamiento' y que por tanto no pueden acogerse a las exenciones previstas en la normativa comunitaria.

La Comisión Europa exige a las autoridades españolas que recuperen 'por los medios que hagan falta' las ayudas que se hayan concedido durante el periodo que estuvieron en vigor estos regímenes. Bruselas llevará a España ante el Tribunal de Justicia de la UE si no responde a su obligación.

Ante el mismo tribunal acudirán las diputaciones forales y el Gobierno vasco para recurrir la medida. Desde la Hacienda de Vizcaya ayer se pedía a la Administración central que se persone junto a ellos en el Tribunal. En todo caso, el recurso no supone la suspensión de la reclamación de los fondos a las empresas beneficiadas. La Comisión aprobó también la apertura de un procedimiento de investigación contra el centro de coordinación creado en Vizcaya en 1996 que prevé regímenes especiales para empresas. Asimismo, también decidió actuar contra Reino Unido por dos paraísos fiscales existente en Gibraltar -regímenes offshore- por los que se conceden a las empresas que desarrollan su actividad fuera del Peñón exenciones totales o reducciones en el pago de impuestos.