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El fiscal pide cárcel para los jefes de la empresa que falseó 132.000 multas

La Fiscalía de Madrid solicita tres años de cárcel por un delito continuado de falsedad en documento oficial para tres directivos de la empresa a la que el Ayuntamiento de Madrid encomendó en 1996 la gestión del cobro de las multas de tráfico. La fiscalía ha descubierto que, la empresa Servico, con sede en Barcelona, falsificó supuestamente la notificación de 131.940 multas impuestas por agentes municipales a automovilistas madrileños.

Los acusados son Adrián Piera Sol, director de la delegación del Servicio de Cobro, SL (Servico), en Madrid; Esteban Sánchez Méndez, supervisor de servicios, y Hugo Alonso González, jefe del personal que iba por las casas de los denunciados notificando las multas. El ministerio público expone en su escrito de acusación toda la batería de supuestas ilegalidades cometidas por Servico contra los ciudadanos para convencer al Ayuntamiento de su capacidad operativa y evitar que le rescindiesen el contrato.

Este escándalo se fraguó a partir de que el Ayuntamiento adjudicase a la empresa Electric Data System (EDS), en julio de 1996, la gestión de las multas de tráfico. EDS, a sus vez, subcontrató el 17 de septiembre de ese año parte de esta tarea con Servico.

El Gobierno municipal contrató a EDS en un intento de privatizar la notificación de las multas, encomendada hasta entonces a Correos, con el fin de aumentar la recaudación, ya que el Consistorio no puede cobrar las sanciones que no han sido debidamente notificadas. Para ello deben entregarse personalmente al infractor. Si éste no está en casa o se niega a recoger la sanción, cabía dejar un justificante en el buzón o demostrar que se negaba a recibir la carta, pero era preceptivo que esa gestión se hiciera delante de dos testigos y que éstos firmasen. Servico contrató a decenas de jóvenes para que desarrollasen esa labor. Éstos disponían de las llamadas hojas de cartero, en cuyas casillas debían hacer constar su identidad, fecha y hora de la visita al domicilio del infractor, y si éste estaba o no en casa, etcétera. Hecho esto, la hoja se elevaba a los denominados grupos de patio de Servico, quienes concluían los trámites y los trasladaban a EDS, que, a su vez, la remitía al Ayuntamiento.

'Los tres acusados, de común acuerdo', describe la fiscalía, 'indicaron a los miembros de los grupos de patio que rellenasen [por su cuenta] los espacios en blanco que los notificadores dejasen de cumplimentar en las hojas de cartero', con la advertencia de que serían despedidos 'si no se plegaban' a esa orden. Así, estos empleados 'hicieron constar' en decenas de miles de casillas en blanco 'extremos y datos que no se correspondían con la realidad'. Según la fiscalía, hay casillas en las que se indica que la notificación se ha hecho de 'madrugada' y otras en las que figuraban firmas falsas de testigos.

Cuando se descubrió el escándalo, el Ayuntamiento encontró datos falsos en casi 132.000 expedientes de multas. La investigación municipal destapó, entre otras, las siguientes irregularidades: 'notificadores y testigos que acudían a una misma hora a domicilios distantes entre sí'; 'expedientes en los que la firma de los testigos se había plasmado antes de que el notificador acudiese al domicilio del infractor'; notificaciones que se remitían al Ayuntamiento como cumplimentadas y que no habían sido comunicadas al conductor'; 'un mismo DNI respaldado por firmas de testigos distintos'.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 6 de julio de 2001