Chamizo alerta sobre el 'abuso' del acogimiento preadoptivo

El acogimiento familiar de menores en Andalucía, que depende de la Consejería de Asuntos Sociales, está repleto de carencias, según el informe especial de la oficina del Defensor del Pueblo andaluz presentado ayer por su titular, José Chamizo, al presidente del Parlamento, Javier Torres Vela. Además de criticar la 'pobreza' de datos estadísticos, Chamizo hizo hincapié sobre la prevalencia de la modalidad preadoptiva frente al acogimiento simple: 'Se abusa mucho del acogimiento preadoptivo y se ignora en numerosas ocasiones a la familia extensa del menor'.

No obstante, la tendencia no es homogénea en la comunidad. Sevilla despunta por el número de acogimientos preadoptivos con carácter provisional que determina su delegación de Asuntos Sociales (casi el 48% del total). Las cifras recogidas en el informe especial demuestran que la tendencia del sistema público de protección de menores en Andalucía en los últimos años concede cada vez mayor protagonismo al acogimiento familiar, en detrimento del residencial (cuando el menor se interna en un centro). Así, de los 2.817 acogidos por familias en 1997 se ha pasado a 3.635 el año pasado. Por el contrario, los acogimientos residenciales han disminuido en el mismo periodo de 2.467 a 2.164.

La mayoría de los acogimientos familiares se producen en régimen preadoptivo, que 'evidencia un criterio anticipado de intervención administrativa que tiende a perpetuar la situación de acogimiento del menor y su separación de la familia biológica', según la oficina. En opinión de José Chamizo, el 'abuso' de esta modalidad 'puede ir contra los derechos de la familia del niño'. El defensor atribuyó esta tendencia a la falta de recursos, que impiden 'un buen trabajo con las familias de origen'.

Los acogimientos remunerados de menores representan menos del 12% del total. En 2000 se pagaron ayudas por 449 menores de los 3.635 acogidos en familias ese año. La asignación media rondó las 20.000 pesetas mensuales por cada menor, al igual que en 1999, según consta en el informe especial del Defensor del Pueblo andaluz, que reproduce los datos de la Dirección General de Infancia y Familia de la Junta.

Las retribuciones se otorgan atendiendo a diversos criterios como las características del niño (edad, necesidades especiales), la situación económica de la familia acogedora y otros rasgos como el número de integrantes de la unidad familiar. Según una orden de 1997, que establecía estas prestaciones, se fijaba en 15.000 pesetas mensuales el importe mínimo para atender las necesidades básicas de los menores (manutención, educación y atención sanitaria). El tope máximo mensual se establecía en 45.000 pesetas, que se podría elevar hasta las 60.000 pesetas en 'supuestos especiales'.

La oficina del Defensor señala que las prestaciones que actualmente concede la Consejería de Asuntos Sociales indican 'una falta de recursos suficientes para atender a todas las familias'. Estas carencias subsisten, según el informe, a pesar del incremento presupuestario realizado en 1999, en el que se incrementó la partida en un 75% respecto al año anterior. Se aumentó de 64 millones de pesetas a 106,6 millones.

A propósito de los acogimientos remunerados, José Chamizo señaló que las diferencias retributivas respecto a los menores inmigrantes 'son excesivas'. La Consejería de Asuntos Sociales pondrá en marcha una experiencia piloto en Almería y Córdoba para la acogida familiar de menores inmigrantes, en la que tendrán preferencia los hogares de extranjeros de la misma nacionalidad para evitar el desarraigo de los pequeños. La Junta destinará ayudas mensuales a las familias acogedoras de más de 90.000 pesetas, que superan notablemente las que se destinan en la actualidad para casos especiales.

Más recursos

En el apartado de recomendaciones, la oficina plantea que se realice 'un esfuerzo por incrementar' las asignaciones presupuestarias a las familias acogedoras 'a fin de mejorar tanto la calidad como la cantidad'. El informe aboga por promover el acogimiento remunerador frente al residencial como más beneficioso para el menor, pero también 'desde una perspectiva economicista'. El coste medio de una plaza en acogimiento residencial en centros gestionados por entidades colaboradoras ronda las 150.000 pesetas al mes frente a las 20.000 pesetas de media del familiar.

El perfil mayoritario de los menores acogidos en familias indica que su número aumenta conforme desciende la edad. De los acogidos, el 41% tiene menos de cinco años; el 27% entre 6 y 10 años; el 22% entre 11 y 15 años y sólo el 10% supera los 16 años. En el informe también se recogen las dificultades para encontrar 'una alternativa familiar' a menores con necesidades especiales. A 31 de diciembre pasado seguían pendientes de adopción o acogimiento 333 niños con necesidades especiales.