Una juez libera a un menor implicado en un crimen porque faltaba su informe psicológico

Ángel María Guamán Valladares, ecuatoriano de 51 años, pintor de profesión, falleció desangrado en la madrugada del 28 de mayo tras sufrir una puñalada en el muslo que le seccionó la arteria femoral. Tres jóvenes le atracaron en unos soportales de la calle de Escalona, en el distrito de Aluche. Dos de los tres presuntos agresores, de 16 y 17 años, fueron detenidos la semana pasada con un día de diferencia. El que fue apresado el miércoles 13 ha ingresado en un centro de internamiento de la Comunidad por orden judicial. El autor material de la puñalada aún no ha sido detenido.

El menor detenido el jueves quedó en libertad el sábado por orden de la titular del Juzgado de Menores número 6, ante la imposibilidad de cumplir con los requisitos legales que imponen que los menores sean evaluados por un psicólogo y un asistente social antes de celebrar la comparecencia entre las partes y decidir el internamiento. Eran casi las dos de la tarde del sábado, y los equipos técnicos de la fiscalía que realizan la evaluación psicológica no trabajan los fines de semana. La juez decidió, 'en interés del menor', que 'una desidia administrativa no justifica penalmente la prórroga de la detención de un menor hasta su máximo periodo de 72 horas', según refleja en el auto. El menor se encuentra actualmente en paradero desconocido. La policía tardó 17 días en identificarlo tras el crimen y detenerlo.

Sin turno de guardia Fuentes del departamento técnico de la Fiscalía de Menores han explicado que, efectivamente, los peritos, psicólogos y asistentes sociales no trabajan los fines de semana. 'Nuestro convenio colectivo', aclaran, 'no establece un turno de guardia ni, obviamente, se nos paga por trabajar fuera del horario laboral'. El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, indicó ayer que se sentía 'absolutamente desolado' porque se haya llegado a esta situación, aunque matizó que 'entendía' las razones esgrimidas por la juez para poner en libertad al joven. 'Después de buscar la policía durante 17 días al menor, a todos se nos queda cara de tontos al ver que lo han tenido que dejar en libertad por falta de medios', se lamentó. Una falta de medios de la que jueces y fiscales se han quejado reiteradamente antes incluso de la entrada en vigor de la Ley del Menor.

En la Sección de Menores de la fiscalía madrileña hay 12 equipos técnicos (integrados cada uno por un psicólogo, un asistente y un trabajador social) para evaluar a los menores delincuentes. Cuando un menor es detenido, estos equipos estudian su conducta y entorno y sugieren al juez de menores la medida cautelar más factible para su reinserción social. El juez, al celebrar la comparecencia posterior a la detención del menor, por ley debe tener en su poder tales informes y tomar una decisión final en función de lo que las partes (fiscal y abogados) pidan que se haga respecto al joven.

Contratados laborales El problema que se ha planteado en Madrid es que los equipos técnicos rechazan actuar fuera de su horario laboral (de ocho de la mañana a tres de la tarde, de lunes a viernes). En este caso, el menor implicado en el homicidio de la calle de Escalona fue conducido ante la juez de menores pasadas las dos de la tarde del pasado sábado. 'Somos contratados laborales y en nuestro convenio ni están estipulados los turnos de guardia ni se nos paga por ello', subrayan estos trabajadores. Los seis jueces de menores de Madrid, en una junta celebrada en febrero, advirtieron de la falta de medios y pidieron al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que arbitrasen los mecanismos necesarios para establecer un turno de guardia. En esa reunión, los jueces expusieron que detener a un menor al comienzo de un fin de semana constituía toda una odisea de viajes y 'mareos' para el detenido ante la ausencia de psicólogos. Se les trasladaba de un lado a otro (de la policía a la fiscalía y desde allí hasta los juzgados para nuevamente volver a las dependencias policiales) sin que, legalmente, los jueces pudiesen adoptar una medida cautelar.

Fue entonces cuando reclamaron un turno se guardia para los equipos técnicos y avisaron de que, en el futuro, si persistía el problema, decretarían la libertad inmediata de cualquier menor que llegase a los juzgados sin haber sido examinado antes por los peritos. Eso es lo que ha ocurrido en este caso.

El menor en cuestión, al que la policía busca de nuevo, fue detenido el jueves 14 de junio por la Brigada de Homicidios. Al constatar su edad, lo dejaron en manos del grupo de menores de la policía (Grume) y, pasadas 48 horas desde la detención, fue trasladado por orden de la fiscalía al Juzgado de Menores número 6 de Madrid, cuya titular tuvo que dejarlo en libertad.