Garzón impide que imputados del lino se conviertan en acusadores

Baltasar Garzón, juez de la Audiencia Nacional que instruye la investigación sobre el fraude masivo en las ayudas al lino, ha neutralizado una operación de algunos imputados para convertirse en acusación particular y, plantear una posible prevaricación de la Junta de Castilla y La Mancha. Los 39 agricultores que pretenden erigirse en acusación particular plantean que no cobraron todas las ayudas que les correspondían en la temporada 98 / 99.

El magistrado, en un auto, tumba su pretensión por varios motivos: todos los agricultores pertenecen a una cooperativa, Licama, que 'casualmente tiene el mismo domicilio social que la empresa Celitex, cuyos administradores se encuentran imputados, y a la que ninguna referencia hacen en su escrito'; y explican 'sin recato' que acuden a la vía penal porque la del contencioso 'puede durar al menos tres años'.

Garzón les administra un último varapalo: 'afirmar rotundamente la comisión de graves delitos sin aportar un mínimo sustrato fáctico ni identificación de posibles responsables, persona o cargo acentúa la evidente inconsistencia argumental sobre la que a toda costa se pretende entrar en el procedimiento'.