Plan de los indígenas de la Amazonia de Ecuador para procesar gas residual

Los indígenas de la Amazonia ecuatoriana han decidido emprender en un proyecto altamente rentable, que podría llevar a comunidades remotas, con economías de autosubsistencia e históricamente postergadas, al mundo de los grandes negocios. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana (CONFENIAE), que agrupa a varias etnias, se ha propuesto competir con las grandes transnacionales por un contrato para instalar una planta de procesamiento del gas residual que deja la producción de petróleo, concentrada en esa región.

El proyecto gasífero supone un claro cambio de actitud de esas comunidades, radicalmente críticas con los "efectos destructivos" que ha tenido sobre el medio ambiente y la salud de los habitantes 30 años de explotación petrolera en el país suramericano. "Los pueblos indios hemos perdido nuestros territorios y nuestros recursos naturales, porque no hemos sabido negociar. Con oponernos, no hemos conseguido alcanzar una vida digna para nuestras comunidades", afirma Leonardo Viteri, indígena de la etnia kichwa, y director del Instituto Ambiental Amazónico de Ciencia y Tecnología de la provincia oriental de Pastaza.

El ambicioso proyecto ha sido una idea de Antonio Vargas, líder de una poderosa organización indígena, que representa a una cuarta parte de la población ecuatoriana. Este dirigente indio encabezó la protesta que provocó la caída del ex presidente Jamil Mahuad, en enero de 2000, y que contó con el apoyo decisivo de un grupo de coroneles de las Fuerzas Armadas.

Vargas vive con su familia en Unión Base, una pequeña población de Pastaza, en una sencilla casa sin ventanas, y que se inunda con cada lluvia. Pero cuenta con contactos clave en organismos de financiación internacional, entre ellos el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que ha visto con buenos ojos la iniciativa.

La fuente de inspiración del flamante proyecto ha sido la experiencia de las comunidades indígenas de Canadá, asociadas con empresas petroleras, para la explotación de combustible en sus territorios. El negocio por el que apuesta la CONFENIAE consiste en producir gas del campo Sacha, que el Estado ha decidido someter a concesión, para subsanar uno de los aspectos más irracionales de la actividad petrolera en Ecuador.

Columna tóxica

Durante las 24 horas del día, emana de éste, como de muchos otros campos, una tóxica columna de humo, que resulta de la combustión del gas residual y que ha afectado gravemente a la salud de los habitantes. Mientras, el país debe importar grandes cantidades de gas licuado, que vende luego con precios subsidiados a la población.

"El recurso se ha desperdiciado durante tres décadas porque el Estado no ha tomado las decisiones correctas", dice Viteri. Aclara que las comunidades indígenas se oponen, en cambio, a todo plan que pretenda extender la frontera petrolera en la región amazónica, otro capítulo en la agenda del Estado.

Adolfo Shacay, presidente de la CONFENIAE, estima que la nueva planta requerirá de una inversión de 30 millones de dólares. La estatal Petroecuador -que aún no conoce la propuesta en firme de los indios- calcula una inversión algo menor.

Un grupo de técnicos de la empresa canadiense Keyano Pimee ha recorrido ya las instalaciones de Sacha del brazo de los indios para definir las bases técnicas del proyecto.

La CONFENIAE intenta constituir una empresa a contrarreloj. Nada está asegurado, pues compite al menos con dos transnacionales interesadas en el negocio, una coreana y una japonesa. Apuestan, sin embargo, por que el concurso no sea necesario, pues el Gobierno de Ecuador podría suscribir un convenio con su homólogo de Canadá, que se ha mostrado dispuesto a auspiciar a su empresa.

El nombre del ganador de esta puja, que aún no ha arrancado, se conocerá en los primeros días de julio.