La Sindicatura halla fallos contables y mal uso de fondos en la Fundació per a la Recerca

La Sindicatura de Cuentas ha entregado al Parlament su informe, que fiscaliza la actividad de la Fundació Catalana per a la Recerca, durante los ejercicios 1990-1998. Esta fundación recibió en ese periodo 6.810 millones de pesetas de subvenciones de la Generalitat. La Sindicatura afirma que dadas las 'incertidumbres, limitaciones y excepciones (...)' no puede expresar opinión sobre las cuentas analizadas.

Josep Plana Castellví 'no tenía formalizada su situación laboral' con la fundación entre 1990 y 1998, por lo que 'en esos ejercicios complementaba su sueldo, en contrato laboral ordinario, facturado a la fundación a través de la sociedad Círculo de Asesores, SL, de la cual era socio junto a su esposa, Carme Drópez, ex secretaria general adjunta de Unió Democràtica de Catalunya.

Las facturas ascendieron a unos 84 millones y se emitían bajo el concepto de 'asesoramiento científico'. Estas facturas, afirma la Sindicatura, 'no se correspondían' con la realidad de la prestación.

La situación no se regularizó hasta el ejercicio 1998, con un contrato que fijaba una remuneración de 15,6 millones al año para el director de la fundación. La Sindicatura afirma que no han podido verificar el contrato, ya que no les fue facilitado.

El informe de fiscalización afirma que tampoco ha podido comprobar si el buscador Olé fue un proyecto de investigación que se inició o desarrolló en el seno de la fundación, por lo que la Sindicatura 'desconoce la naturaleza de la transacción de compraventa por importe de 200.000 pesetas', que el director de la fundación, Josep Plana, refleja en un recibo a Josep Vallés.

El buscador de Internet Olé, que fue vendido en 1996 a su entonces empleado Josep Vallés por 200.000 pesetas. Posteriormente,éste lo revendió -en 1999- a Telefónica, también miembro de la Fundación, por 3.000 millones y derechos sobre acciones de Terra, valoradas en 10.000 millones de pesetas.

La Sindicatura de Cuentas ha entregado al Parlament su informe, que fiscaliza la actividad de la Fundació Catalana per a la Recerca, durante los ejercicios 1990-1998. Esta fundación recibió en ese periodo 6.810 millones de pesetas de subvenciones de la Generalitat. La Sindicatura afirma que dadas las 'incertidumbres, limitaciones y excepciones (...)' no puede expresar opinión sobre las cuentas analizadas.

Josep Plana Castellví 'no tenía formalizada su situación laboral' con la fundación entre 1990 y 1998, por lo que 'en esos ejercicios complementaba su sueldo, en contrato laboral ordinario, facturado a la fundación a través de la sociedad Círculo de Asesores, SL, de la cual era socio junto a su esposa, Carme Drópez, ex secretaria general adjunta de Unió Democràtica de Catalunya.

Las facturas ascendieron a unos 84 millones y se emitían bajo el concepto de 'asesoramiento científico'. Estas facturas, afirma la Sindicatura, 'no se correspondían' con la realidad de la prestación.

La situación no se regularizó hasta el ejercicio 1998, con un contrato que fijaba una remuneración de 15,6 millones al año para el director de la fundación. La Sindicatura afirma que no han podido verificar el contrato, ya que no les fue facilitado.

El informe de fiscalización afirma que tampoco ha podido comprobar si el buscador Olé fue un proyecto de investigación que se inició o desarrolló en el seno de la fundación, por lo que la Sindicatura 'desconoce la naturaleza de la transacción de compraventa por importe de 200.000 pesetas', que el director de la fundación, Josep Plana, refleja en un recibo a Josep Vallés.

El buscador de Internet Olé, que fue vendido en 1996 a su entonces empleado Josep Vallés por 200.000 pesetas. Posteriormente,éste lo revendió -en 1999- a Telefónica, también miembro de la Fundación, por 3.000 millones y derechos sobre acciones de Terra, valoradas en 10.000 millones de pesetas.

La Fundació Catalana per a la Recerca (FCR) no controlaba debidamente su contabilidad de gastos y de proveedores. Según la Sindicatura de Cuentas, la fundación ha contratado y adquirido bienes y servicios 'sin basarse en datos objetivos'. El organismo que fiscaliza las cuentas públicas señala que la FCR seguía el criterio de compra de 'no pedir nunca presupuestos a más de un proveedor'.

El auditor opina que la fundación pagaba facturas no relacionadas de forma directa con sus actividades y objetivos fundacionales y que la debilidad del control aplicado a los proveedores 'ha impedido averiguar el coste de cada proyecto'. La Sindicatura insinúa que 'es posible que se hayan podido producir duplicidades de pagos'.

La Sindicatura ha comprobado que entre 1990 y 1998 se han realizado pagos a IBM y Cray Research por 3.115 millones de pesetas 'que podrían asimilarse a cuotas de financiación de bienes de capital'. Estos pagos corresponden a los contratos de alquiler y mantenimiento de los superordenadores propiedad de la fundación y cedidos en uso al Consorcio Centro de Supercomputación de Cataluña. 'La Sindicatura', concluye el informe entregado al Parlament, 'pidió al director de la Fundación estos contratos, pero no le fueron facilitados'.

La Sindicatura 'cuestiona' la forma en la que ha sido gestionada la entidad entre 1990 y 1998 y critica que las subvenciones recibidas para financiar bienes de capital (6.810 millones de la Generalitat) se hayan contabilizado como ingresos corrientes. Y advierte de que esta práctica 'puede haber dado lugar a responsabilidades administrativas' de los gestores.

La Sindicatura añade que el auditor externo de la Fundación, Coopers & Lybrand, les negó acceso a las recomendaciones que hicieron a la fundación sobre las salvedades detectadas.

El desorden contable interno y la falta de sistemas de control lleva a la Sindicatura a afirmar que no son razonables y a cuestioanr en su integridad las cuentas anuales del periodo 1990-1993. En ese periodo, la fundación recibió subvenciones de la Generalitat por 2.961 millones.

Además, el informe de fiscalización considera que las actividades impulsadas por la fundación como los proyectos Cinet, Xarxa Cinet o Nominalia Internet no encajan en las finalidades fundacionales de la misma. Añade que al haberse nutrido de ayudas públicas 'podrían contravenir la Ley de Defensa de la Competencia.

Inversión en fondosLa Sindicatura también cuestiona que la fundación, que recibe el 92% de sus ingresos de subvenciones públicas y unos 432 millones de aportaciones de empresas privadas, colocaba en fondos de inversión sus excedentes de tesorería. Estas inversiones llegaron a un máximo de 1.948 millones, en 1995. 'Los fondos públicos recibidos por la fundación', afirma la Sindicatura, 'se han de aplicar a los objetivos fundacionales o a la adquisición de los bienes necesarios para desarrollar las actividades estatutarias'. En su opinión, estas inmovilizaciones de fondos 'no están justificadas' y 'se deberían haber devuelto a la Generalitat'.Desde su creación en 1986, la FCE ha sido presidida por Josep Maria Cullell (hasta 1998); Macià Alavedra (hasta 1997); Xavier Trias (hasta 1998); y Rafael Español, presidente de La Seda. En su patronato figuran, además de la Generalitat, La Caixa, Fujitsu, Telefónica, Gas Natural, Enher, La Seda, Ibercaja, Banca Catalana y la Federación Catalana de Cajas de Ahorro.