Urra denuncia que niños desamparados vivan durante años en internados

El defensor del Menor, Javier Urra, considera grave que en las residencias y hogares para menores desamparados haya niños internados durante años. Por eso, en su informe, reclama al Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF) que impulse medidas de apoyo social para recuperar a los padres de estos chicos y, si no es posible, que promueva más programas de acogimiento para los muchachos. Tras visitar 30 pisos y residencias de menores tutelados, públicos y privados concertados, concluye que 'algunos centros parecen olvidar que entre sus labores está facilitar la reincoporación familiar del chaval'.

La mayoría de estos chicos son hijos de toxicómanos, enfermos mentales, presos y, en general, familias desestructuradas. Las autoridades deciden su internamiento cuando ni sus padres ni otros parientes pueden cuidarlos y educarlos adecuadamente. Pero Urra insiste en que el ingreso en una residencia 'sólo ha de usarse cuando los otros mecanismos de integración resultan inviables'. 'Y debe hacerse de forma provisional, por el menor tiempo posible, salvo que el interés del niño aconseje lo contrario', matiza en su memoria de actividades del año 2000.

'Desgraciadamente, se hallan en los hogares menores que llegaron en los primeros años de su vida y hoy son ya adolescentes. Esta circunstancia conduce a plantearse si está siendo correcta la actuación profesional dirigida a la recuperación de las familias de estos niños y si se está impulsando con la suficiente energía la búsqueda de alternativas de carácter familiar como el acogimiento', añade.

'Muchos educadores afirman que faltan escuelas de padres, terapias familiares o grupos de apoyo; que no se realizan suficientes visitas a domicilio; que hay una excesiva burocratización de las intervenciones o que, desde el momento en que se acuerda el ingreso de un menor en un centro, parecen abandonarse los restantes servicios', asegura.

Jornadas interminables

El Defensor también reclama al IMMF que revise los convenios con los centros concertados porque considera que la asignación pública que reciben 'es inferior a la dotación de los centros propios y a la que se otorga en otras comunidades autónomas'. Esta escasez de recursos en los centros concertados provoca 'falta de personal, lo que origina jornadas interminables con retribuciones modestas, y esto, a su vez, deriva en una falta de estabilidad en las plantillas por falta de motivación del equipo educativo'.

También critica las condiciones del reformatorio Renasco, de Carabanchel, con 15 plazas. Lo califica de centro 'inadecuado' y lo describe como 'un edificio antiguo, de aspecto lúgubre, con un acceso angosto, ventilación e iluminación precarias, problemas de humedad y deficiente distribución de espacios'. No es la primera vez que el Defensor del Menor denuncia las condiciones de este centro. También el Defensor del Pueblo pidió su cierre en 1997. Pero, por ahora, el Instituto del Menor no prevé su clausura.