Romasanta admite que autorizó la 'operación Torres'

Lo conocía. Luis Romasanta, el interventor judicial del Atlético, estuvo siempre al corriente de la operación Torres, esa especie de préstamo encubierto (450 millones de pesetas) del Valencia al Atlético a cambio de los derechos federativos del juvenil de moda de los madrileños. De hecho, la autorizó cuando se produjo, en marzo. No lo notificó entonces a la Audiencia Nacional porque consideró que no estaba obligado a hacerlo. Pero ayer, tras comprobar el revuelo formado alrededor del caso, acudió con toda la documentación al juzgado.

Sin embargo, hay matices del acuerdo que Romasanta desconoce y que contribuyen a aumentar la confusión. Por ejemplo, el interventor no tiene constancia alguna del contrato de indemnización por el que el jugador se aseguró la cantidad de 2.600 millones para el caso de que acabara en el Valencia a partir del 1 de julio. Tal vez la familia Torres no lo sepa, pero sin el visto bueno del interventor ese documento no tiene validez.

Más. El director general del Atlético, Miguel Ángel Gil Marín, aseguró el martes que su club ya había ejercido la opción de recompra de los derechos de Torres y que, por tanto, el jugador era de nuevo rojiblanco a todos los efectos. Sin embargo, Romasanta desconoce que los pagarés entregados por el Atlético al Valencia, con vencimiento a finales de junio, hayan sido ya pagados o descontados.

Y la última. Tanto Jesús Gil como su hijo Miguel Ángel, en sus explicaciones tras conocerse el caso, han indicado que lo del traspaso de Torres era un eufemismo; que, en realidad, se trataba de un préstamo para solucionar problemas de liquidez. Romasanta no considera la operación un préstamo, sino un traspaso.

Ayer, por iniciativa propia y ante las noticias aparecidas en diversos medios informativos, Romasanta detalló en el Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional, la que lleva el asunto de las cuentas del club madrileño, los detalles de la operación. Según la interpretación del auto de 11 de abril de 2000, por el que se sustituyó la administración judicial del Atlético por la intervención, Romasanta tenía limitada sus obligaciones notificadoras a los préstamos hipotecarios, la venta de terrenos, las relaciones con la financiera holandesa Van Door y las operaciones vinculadas con la familia Gil y con Enrique Cerezo, los accionistas mayoritarios del club. En las restantes bastaba con que ejerciera control.

Como interventor, Romasanta se encargó de fiscalizar la operación, firmada en marzo por Gil Marín, Manuel Llorente, consejero del Valencia; el propio Torres, de 17 años, y su padre.

Cualquier otro acuerdo entre las partes que pudiera existir y que no haya pasado por la intervención judicial carecería de validez legal.