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Viera se compromete a concluir el proyecto de ley de creación del Servicio Andaluz de Empleo en un mes

El consejero atribuye a 'intereses sectarios' el retraso en la cesión de las políticas activas

El nacimiento legal del organismo en el que la Junta prevé centralizar la gestión de sus políticas de creación de empleo está próximo. El consejero de Desarrollo Tecnológico, José Antonio Viera, anunció ayer que el proyecto de ley de creación del Servicio Andaluz de Empleo estará listo en menos de un mes y, tras su paso por el Consejo Consultivo, la Junta lo remitirá al Parlamento autonómico 'en la primera quincena de junio'. La pretensión del titular de Empleo es lograr 'el apoyo de todos los partidos' para agilizar su trámite parlamentario y conseguir su aprobación a finales de año.

El Servicio Andaluz de Empleo tiene reservado un papel estelar en el desarrollo del quinto acuerdo de concertación social, suscrito por la Junta, la patronal y los sindicatos la pasada semana y que ayer fue analizado por el Consejo de Gobierno. La Consejería de Empleo prevé que este organismo autonómico cuente con unos 100.000 millones de presupuesto anual. Aquí se incluirían fondos que ya gestiona la Consejería (53.000 millones de formación profesional ocupacional, incentivos a autónomos y ayudas autonómicas al empleo) y los que se deriven del traspaso de las políticas activas de empleo (40.000 millones anuales), que aún no ha aprobado el Gobierno central.

A preguntas de los periodistas, Viera eludió concretar si el Servicio Andaluz de Empleo entraría en funcionamiento si, antes de su creación, el Ejecutivo central no aprueba la transferencia a la Junta de las políticas activas de empleo. 'Lo que ha quedado claro en el acuerdo de concertación es que los empresarios y los sindicatos han mostrado su voluntad de participar en este organismo; existía un acuerdo cerrado con el Gobierno central para la transferencia y es el Gobierno el que debería explicar qué razón le lleva a no hacerlo', afirmó.

En reuniones celebradas a principio de año, la Junta y el Gobierno central acordaron una fórmula de la cogestión para sortear el escollo en el que se habían atascado las negociaciones: los 22.000 millones que permiten cada año la aplicación del Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agraria (Aepsa). Desde febrero, el Ejecutivo autonómico considera cerrado el acuerdo y achaca a motivos políticos el retraso en la aprobación definitiva por parte del Gobierno central.

El consejero recalcó que la pasada semana la consejera de Trabajo de la Junta de Extremadura, Violeta Alejandre, anunció un acuerdo con el Gobierno central para la transferencia de las políticas activas de empleo a esta comunidad, que será firmado el próximo 1 de junio. 'La presidenta del PP andaluz, Teófila Martínez, y el secretario general del PP, Javier Arenas, que fue el primero que prometió el traspaso a Andalucía cuando era ministro de Trabajo, deben explicar qué intereses sectarios' impiden que el Gobierno central llegue al mismo acuerdo con Andalucía, reclamó Viera. Hasta ahora, el Ministerio de Trabajo ha argumentado que los fondos que solicita la Junta para asumir las nuevas competencias son excesivos.

Diálogo social

El consejero de Empleo y la consejera de Economía, Magdalena Álvarez, expusieron en conferencia de prensa el análisis del Consejo de Gobierno sobre el quinto acuerdo de concertación social, que será rubricado por el presidente de la Junta en los próximos días. Los dos consejeros contrapusieron el acuerdo alcanzado en Andalucía con la interrupción del diálogo social en el conjunto del Estado.

'El Gobierno central ha incurrido en un error político de primera magnitud al cerrar precipitadamente las conversaciones con los agentes sociales', dijo Álvarez, quien se mostró confiada en que el nuevo acuerdo de concertación garantizará la paz social durante esta legislatura, lo que dará 'un nuevo impulso' a la economía andaluza. La consejera de Economía precisó que no se ha cuantificado el volumen total de ayudas hasta 2004. En estas ayudas se discriminará 'positivamente' a mujeres, jóvenes y colectivos marginados, según Álvarez.

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