UGT cree que la nueva ley convertirá las oposiciones en un 'monopolio del Gobierno de turno'

Actualmente, cada tribunal de oposición está integrado por tres representantes de los sindicatos (uno de CC OO, uno de UGT y otro de CSIF), cinco funcionarios regionales y un presidente. Según Juan Luis Martín, responsable de Administración regional de UGT, la ley que prepara la Comunidad para evitar denuncias en las oposiciones y que excluye a los sindicatos de los tribunales acaba con 'una garantía de objetividad' en los procesos selectivos. Martín asegura que no se ha demostrado nunca que los sindicatos hayan filtrado exámenes, sino al contrario: siempre han sido 'garantes' de la limpieza. 'Si los sindicatos son eliminados de las oposiciones, éstas se convertirán en monopolio del Gobierno de turno', augura.

El borrador de la Ley de Simplificación y Racionalización Administrativa incluye también un artículo que obligará a los tribunales a elegir 'por sorteo las preguntas de las oposiciones'. Con el actual sistema, cada uno de los miembros del tribunal prepara su cuestionario y lo mete en un sobre; después, el presidente elige al azar uno de ellos. Las preguntas que van en el sobre seleccionado son las que se plantean a los candidatos.

Pero esto crea un problema: una sola persona -con sus virtudes y aciertos a la hora de formular las cuestiones- tiene en su mano el destino de los opositores. Para evitar eso, el anteproyecto propone que todos los miembros planteen las preguntas que crean más oportunas y que, por sorteo, se elija entre todas ellas las que se plantearán a los aspirantes.

Competencias plenas

El anteproyecto recoge asimismo que las consejerías de Educación, Sanidad y Justicia tendrán 'competencias plenas en materia de personal', ya que estas tres instancias son las que cuentan o van a contar en el futuro con mayor número de funcionarios.

Educación dispone ahora de 40.000 funcionarios, mientras que Sanidad y Justicia están a la espera de recibir en los próximos años las competencias directas de los respectivos ministerios, por lo que el número de trabajadores regionales aumentará de forma espectacular. Justicia teme que esta asunción de trabajadores le cree problemas a la hora de organizar las consiguientes ampliaciones de plantilla.

Por otra parte, el director general de Función Pública, Miguel Ángel López, reconoció ayer que la Consejería de Justicia ha recomendado al tribunal que hace 15 días examinó a 420 personas para 320 puestos de diplomados de enfermería que repita el examen. Justicia admite que el tribunal no se ajustó a las bases de la convocatoria, como denunció el diario El Mundo. Los examinadores no formularon preguntas abiertas, 'sino tipo test, con el fin de corregirlas con mayor prontitud'. Igualmente, el tribunal, según López, admitió como válidas 11 preguntas que 'eran idénticas a las del año pasado'. Este hecho se produjo porque uno de los miembros del tribunal metió en el sobre las mismas preguntas que el año anterior para no tener que redactar otras nuevas.