Despidos dos veces más caros y difíciles

Duplicar el precio de los despidos suena una medida fuerte, pero no es la más significativa de las reformas presentadas esta semana al Parlamento francés por la ministra de Empleo y Solidaridad, Elisabeth Guigou. Más complicado y costoso para las empresas es la obligación de pagar unas largas vacaciones a los trabajadores de los que quieran desprenderse, así como obligarles a establecer nuevas actividades industriales allí donde cierren una instalación o de contribuir financieramente a ello.

La indemnización por despido es actualmente de una décima parte del salario mensual por cada año de antigüedad en la empresa, esto es, tres días por año trabajado; por ejemplo, un empleado que lleve diez años en la empresa, cobrará un mes de indemnización si es despedido. De modo que, cuando ese precio se duplique, la indemnización pasará a ser de seis días por cada año de antigüedad; más barato que en España, donde la indemnización de despido por causas económicas es de 20 días por cada año trabajado. Hay propuestas para incrementar las indemnizaciones en caso de que el despedido tenga más de 50 años.

Más polémica puede ser la obligación de pagar durante seis meses al trabajador para que busque otro empleo, plazo que se eleva a nueve meses para los despedidos de más de 50 años. El contrato de trabajo tiene que mantenerse durante todo ese periodo y los costes correrán íntegramente a cargo del empresario que ha notificado el despido. La medida se limita a las empresas de más de 1.000 trabajadores; para las demás, se establecen obligaciones menores de 'orientación y ayudas a la recolocación'.

Otra de las reformas no sólo es polémica, sino que cuesta imaginarse cómo será aplicada. Se trata de obligar a las grandes empresas y grupos -una vez más, los que superen 1.000 trabajadores- a 'reindustrializar' aquellas zonas donde cierren una fábrica. La reforma anunciada deja abierto al trámite parlamentario fijar si esa obligación tiene que figurar en el documento del plan de reestructuración o bien puede cumplirse con una participación financiera en función del número de despedidos. Tampoco está claro qué quiere decir reindustrializar una zona: ¿qué implicaría, por ejemplo, cerrar una fábrica en la región de París?

Los comités de empresa tendrán el derecho de 'ser consultados', y no simplemente 'informados', de la ejecución de un plan de reestructuración, además de obligar a la empresa a que pague un informe de asesoría al comité si éste lo considera necesario.

Ninguna de estas medidas tiene aún fuerza legal. Todo se encuentra en trámite parlamentario, bien que como enmiendas introducidas a toda prisa durante el debate de otra ley. La fecha clave será el 22 de mayo, día en que está previsto que la Asamblea Nacional examine el proyecto 'en segunda lectura', y para la cual algunos sindicatos proyectan convocar una jornada de movilización nacional.