Detenidos dos empresarios de Alcorcón por explotar a 30 inmigrantes bolivianos

Un constructor de Alcorcón, Julio G. G., de 48 años, y su hija, María Aránzazu G. A., de 24, han sido detenidos por agentes de la Brigada de Extranjería y Documentación de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, acusados de participar en una red de inmigración ilegal y de explotar laboralmente a al menos 30 inmigrantes procedentes de Bolivia y que carecían de permiso de trabajo y residencia.

Las investigaciones comenzaron hace unos meses, cuando varios inmigrantes bolivianos sin papeles denunciaron en la Brigada de Extranjería y Documentación los abusos que estaba cometiendo con ellos su patrón.

Según explicaron los inmigrantes bolivianos en las denuncias, todos ellos habían trabajado para Julio G. G., un constructor de Alcorcón que, aprovechándose de su situación irregular en España, les sometía a jornadas laborales de más de 12 horas y se oponía a darles de alta en la Seguridad Social. En la mayoría de los casos, estos inmigrantes no llegaban a cobrar por su labor ni siquiera el salario mínimo interprofesional, fijado en 72.120 pesetas al mes para este año, según informó ayer la Jefatura Superior de Policía.

Los denunciantes también declararon que, en más de una ocasión, el empresario se negaba a pagarles y que, cuando pretendía hacerlo, les entregaba cheques que carecían de fondos.

La empresa constructora, radicada en la calle de la Princesa (en la zona centro de Alcorcón), se dedicaba tanto a obras propias como a subcontratas con otras empresas imobiliarias. Julio G. G. había formado una sociedad con su hija María Aránzazu G. A., en la que el máximo responsable era él. En estos momentos la empresa tenía cinco obras en marcha en la capital, Fuenlabrada y el propio Alcorcón, según la versión policial.

Los agentes sometieron a la empresa constructora a una estrecha y discreta vigilancia durante varios meses para descubrir la forma en que solían actuar sus directivos para contratar a los trabajadores. Durante las pesquisas descubrieron que la firma captaba a inmigrantes que carecían de papeles para permanecer en España. Para contactar con los inmigrantes bolivianos utilizaban una persona de contacto en el país suramericano.

Los agentes encargados de la investigación no descartan que en las próximas semanas surjan más denuncias de otros trabajadores.

El empresario contrataba preferentemente inmigr

antes bolivianos, ya que disponía de un contacto en el país de origen que le permitía elegir a los trabajadores. Para convencer a los inmigrantes, les prometían en Bolivia un puesto de trabajo digno en el ramo de la construcción y, ante todo, bien remunerado. Sin embargo, al llegar a España se encontraban con una realidad bien distinta. Pese a ello, consentían en trabajar las más de 12 horas diarias a las que les obligaba el constructor con la esperanza de cobrar las importantes sumas de dinero prometidas en su país.

Como carecían de contrato y no estaban dados de alta en la Seguridad Social, los inmigrantes soportaban este ritmo de trabajo entre dos y tres meses, en los que no solían cobrar ninguna cantidad, según la Jefatura Superior de Policía. Después acostumbraban a buscarse otros trabajos que les reportaran algún dinero con el que sobrevivir. El empresario se aprovechaba además de que carecían de documentación en regla porque los afectados no se atrevían a denunciar los supuestos abusos que cometía, siempre según la versión policial.

Mandamiento judicialA principios de semana, los agentes del Grupo III de la Brigada de Extranjería y Documentación decidieron intervenir la empresa. Tras conseguir el preceptivo mandamiento judicial, entraron en la sede social de la compañía y detuvieron a Julio G. G. y a su hija María Aránzazu G. A. Allí requisaron toda la información que había en el local y finalmente, lo precintaron.

La policía calcula que, hasta la fecha, unos 30 inmigrantes han sufrido las consecuencias de la explotación de estos empresarios, en las cinco obras que tenían en marcha en la zona sur de la región y en la capital. Las investigaciones continúan abiertas porque no se descarta que pudiera haber más personas implicadas en esta red de inmigración ilegal.

Los dos detenidos pasaron a disposición del juzgado de guardia de Alcorcón y fueron puestos en libertad, según explicaron ayer fuentes policiales.